Elecciones Generales en el Perú: POR UNA AGENDA ELECTORAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Es lamentable el fracaso de la candidatura del Sr. Alberto Pizango, presidente de la organización indígena amazónica nacional AIDESEP, la cual no prosperó ni como candidato presidencial (objetivo máximo) ni como candidato al Congreso (objetivo mínimo), así como tampoco la de los candidatos indígenas que pensaban acompañarlo. Lamentable pues, después de la tragedia del “Baguazo”, más le valía al Perú contar con esta candidatura para profundizar la participación de sectores indígenas en la política nacional y así dotarla de un rostro más plural. Se trataba además de una candidatura nacida al calor de la lucha política del movimiento indígena y no de una nacida en los jardines de la Universidad de Stanford o en los corredores del Ministerio del Interior.

Sin embargo, la renuncia de Alberto Pizango no debería significar la cancelación de la participación política de los pueblos indígenas en la actual lucha electoral. La renuncia de Pizango a conformar alguna lista electoral podría abrir la vía para una interesante confrontación de la agenda pública indígena con la agenda electoral de los diferentes candidatos presidenciales, ahora que él no forma parte de un partido político que compita por el poder.

Bastaría para ello que los propios pueblos indígenas, liderados por sus organizaciones representativas locales, regionales y nacionales (como AIDESEP y CONACAMI), realizaran vastas consultas de base en las comunidades para definir colectivamente una lista única de exigencias mínimas, innegociables, que quisieran ver reflejadas como políticas públicas del próximo gobierno, y luego confrontar públicamente –en Lima y demás regiones- a cada uno de los candidatos para observar en qué medida ellos aceptan comprometerse con dicha agenda indígena: un compromiso expresado mediante la firma de un acuerdo bilateral entre pueblos indígenas y candidatos, políticamente exigible e inspirado (no basado) en el artículo 37 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que trata sobre el derecho indígena a que sus tratados, acuerdos y arreglos constructivos con los Estados, sean cumplidos.

Dicha agenda electoral de los pueblos indígenas no debería constituir algo muy ambicioso ni maximalista sino incluir puntos concretos, realistas en términos inmediatos y prácticos, aceptables por cualquier candidato que crea realmente en un gobierno para y “de todas las sangres”; una agenda que transmita fácilmente a cualquier comunero indígena de base, de manera absolutamente transparente, un mensaje público nítido, en caso de aceptación o de rechazo de dicha agenda por cualquier candidato.

Ello reduciría el margen de maniobra de aquellos candidatos expertos en manipulación verbal y demagogia, que buscarán confundir al electorado indígena ofreciéndoles más asistencialismo (como “becas” u “hospitales solidarios fluviales”) en lugar de asumir compromisos concretos con políticas públicas sistemáticas y permanentes (como asegurar, al menos, un nivel mínimo de goce del derecho indígena a la educación y a la salud mediante escuelas y hospitales permanentes y operativos). También tendría la virtud de condicionar la actividad legislativa del oficialismo en el actual Congreso, ávido por aprobar normas legales contrarias a los intereses indígenas aprovechando la distracción del clima electoral.

Un acuerdo en el que se declare que “el candidato y su alianza electoral se comprometen a respetar los derechos territoriales indígenas” no serviría para nada. Pero sí podría tener algún efecto político uno que declare que “el candidato se compromete a aprobar la Ley de Consulta Previa tal como ésta fue propuesta por la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso de fecha tal”.

Por supuesto nadie guarda la ilusión de que -en el Perú actual-, un candidato y su lista parlamentaria realmente honrarán la palabra empeñada… pero sí serviría para comenzar a partir las aguas y para recolocar el protagonismo indígena en el debate político nacional.

Respecto a su contenido, no es necesario inventar la pólvora: los insumos para determinar los puntos de aquella agenda electoral de los pueblos indígenas de hecho se encuentran en la propia escena política actual así como en los informes alternativos o “sombra” sobre la situación de los derechos indígenas que las organizaciones indígenas y de la sociedad civil ya envían anualmente a los organismos de Naciones Unidas.

De la escena política actual, por ejemplo se deduciría un compromiso de que en caso de asumir el gobierno, la alianza electoral parlamentaria del candidato, y él mismo en cuanto cabeza del Poder Ejecutivo, derogará la Ley Forestal inconsulta y anti-indígena que está a punto de aprobar el actual Congreso de la República. Nos preguntamos si la Comisión Agraria del Congreso continuaría insistiendo en su fraude al derecho a la consulta sabiendo que ello tendrá un efecto electoral negativo para los “compañeros” apristas que candidatean en sus listas regionales. Quien sabe, pero si la agenda electoral indígena se socializara lo suficiente, sería innegable que sí los afectaría electoralmente en algún grado.

De los “informes alternativos” enviados todos los años a las Naciones Unidas, se deduce la necesidad de derogar el D. Legislativo 994 sobre tierras eriazas o el D. Supremo 028-2008-EM del sector Energía y Minas que regula supuestamente el procedimiento de consulta pero reduciéndolo a “participación ciudadana con posterioridad al otorgamiento de la concesión minera”. ¿Lo firmarían los candidatos-empresarios Alejandro Toledo y PPK?. ¿Aceptaría la hija del dictador preso firmar un acuerdo con los pueblos indígenas por el que ella y su alianza parlamentaria se comprometen a impulsar y aprobar una reforma constitucional que reestablezca el triple carácter “inalienable, imprescriptible, e inajenable” de las tierras y territorios indígenas de la Constitución de 1979?.

Por supuesto, no se trata de elaborar una agenda pública indígena diseñada para favorecer indirectamente a un candidato en particular. Las promesas del Sr. Ollanta Humala de respetar los territorios indígenas y de defender los recursos naturales para todos los peruanos son esperanzadoras, sin embargo la experiencia de los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa –con todo lo progresistas que son- nos muestra que los pueblos indígenas deben defender su independencia crítica aún respecto de gobiernos de izquierda ya que éstos no siempre son consecuentes con la defensa de sus derechos colectivos. (Es más, la izquierda latinoamericana, nacionalista o marxista, con frecuencia ha menospreciado las reivindicaciones indígenas considerándolas como aspectos secundarios que –según el marxismo- opacarían la contradicción principal que era “la lucha de clases”).

No. De lo que se trata es que dicha agenda electoral de los pueblos indígenas, elaborada por ellos mismos, aprobada directamente por sus comunidades mediante la auto-consulta y apoyada por sus aliados en la sociedad civil, sea irrefutable e indiscutible, de consenso y de unidad, aglutinadora para dichos pueblos y sus organizaciones verdaderamente representativas.

Sólo así, en mi opinión, el movimiento indígena podría influir, en concreto, en el presente contexto electoral y comenzar a retomar el protagonismo en la escena política nacional que obtuvo mediante la movilización general del 2009.