viernes, 29 de noviembre de 2013

La expropiación de la consulta previa


EL "MODELO PERUANO", O DE EXPROPIACIÓN
DEL DERECHO DE CONSULTA PREVIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Llamo aquí "expropiación del derecho de consulta previa" al proceso político por el cual los Estados imponen sus propios términos y condiciones para reconfigurar el contenido y el sentido esencial de dicho derecho a fin de volverlo instrumento legitimador de sus programas extractivistas, tornando en inaccesible o al menos en irrelevante, su goce y ejercicio por parte de los pueblos indígenas.

Dicho proceso expropiatorio es la estrategia política de respuesta de los Gobiernos con programas extractivistas autoritarios a fin de revertir los triunfos de la resistencia de los movimientos indígenas, que en los últimos años lograron posicionarse favorablemente en el establishment hegemónico a través de sendas Constituciones (Ecuador, Bolivia) o de leyes, decretos o jurisprudencia sobre consulta previa (Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Chile, etc.).

Como es sabido, luego del éxito indígena en conquistar el derecho a la consulta previa través del Convenio 169 de la OIT, la gran mayoría de Estados que participó en la suscripción de su texto posteriormente no lo ratificó, y los pocos 22 países que sí lo hicieron no lo implementaron ni política ni normativamente. Luego de algunas décadas y luchas de resistencia, algunos de estos países comenzaron a aplicar el derecho a la consulta del Convenio 169 mediante modelos basados en los estándares jurisprudenciales nacionales o internacionales, decretos de Gobierno o leyes parlamentarias (caso peruano). Otros países no partes del Convenio 169, aplicaron la consulta previa en base a otros estándares, como el Canadá.

Es decir, la aprobación y posterior implementación de la consulta previa ha sido una conquista indígena que ha ido a contracorriente de los modelos político-económicos basados principalmente en el extractivismo que los Estados no siempre pudieron evitar. Sin embargo, al ver amenazada la dinámica y ritmo de acumulación de su modelo, los actores políticos extractivistas -apoyados por ex abogados de la sociedad civil o ex dirigentes indígenas- buscan ahora relativizar el derecho de consulta previa volviéndolo o bien irrelevante o bien bloqueando el acceso pleno a su ejercicio.

En ese escenario regional, el "modelo peruano" de implementación de la consulta previa que ha sido felicitado y se presenta como ejemplar por ciertos organismos públicos nacionales e internacionales que se suponen de lado de los pueblos indígenas, ha tenido la virtud de convertirse en un caso paradigmático de estrategia expropiatoria de la consulta previa pues combina dos virtudes difíciles de reunir: cumplir eficazmente con dar la apariencia de cumplimiento del Convenio 169 (descolocando así a los pueblos indígenas ante la opinión pública) mientras da carta blanca a la profundización de proyectos extractivos en territorios indígenas sin ningún respeto a sus derechos colectivos.

La gestión Lanegra-Coronado-Vilca en su paso por el Vice Ministerio de Interculturalidad fue hábilmente funcional a dicha estrategia impulsada desde los sectores Energía y Minas y Economía y Finanzas, la cual se encontró y todavía se encuentra nítidamente caracterizada -en el Perú y en otros países vecinos que desean imitar el mal ejemplo como Bolivia-, por lineamientos que constituyen constantes en el discurso y práctica de empresas extractivas y Gobiernos. Estos lineamientos se plasman en discursos, normas, políticas públicas y prácticas gubernamentales en los países de la sub región andina:

- Concepto de "afectación directa" restrictivo. Los Gobiernos pretenden que dicho concepto del Convenio 169 se aplique como significando "afectación inmediata", es decir, como afectación adyacente al proyecto extractivo lo cual es inconsecuente con los derechos colectivos indígenas ya que la afectación directa es definida por los propios pueblos indígenas en las diferentes dimensiones que ellos pueden experimentarlo: materialmente, espiritualmente, culturalmente, etc. Se quiere consultar solo a las comunidades que viven dentro del área de un proyecto extractivo pero no al pueblo al que pertenecen dichas comunidades ni a las demás comunidades que de forma mediata también son afectadas por lo que se haga "a lo lejos" (en el concepto no indígena).

- Consulta y no consentimiento. El derecho al consentimiento no es admitido sino como una posibilidad teórica. Se niega completamente su reconocimiento para el caso de megaproyectos extractivos o proyectos con impactos profundos y se le etiqueta peyorativamente como "veto". Se reivindica solo a la consulta previa y por consiguiente la decisión final la toma el Estado siempre y en todos los casos. Se dice que la consulta sirve solo para saber en qué medida un proyecto afectará los derechos colectivos pero no para decidir si se llevará a cabo o no. La consulta se reduce así a un proceso de diálogo en el cual ya se sabe de antemano que el Estado siempre tendrá la palabra final. Por ello, las empresas extractivas menos radicales pueden ver en la consulta previa una valiosa oportunidad para obtener la "licencia social" para sus proyectos, pues ahora es el Estado el que se involucra activamente en las negociaciones bajo una cobertura legal llamada "consulta previa".

- Consulta y no participación. Se divorcia completamente el ejercicio de los derechos de participación y de consulta previa, desarrollándose procesalmente a la última y desestimándose a la primera. Se niega la posibilidad a los dirigentes indígenas de participar en la elaboración de los programas, políticas y planes de desarrollo en sus fases previas. La consulta previa de medidas administrativas o legislativas no va antecedida de la participación indígena en su elaboración, se consulta una medida elaborada a espaldas de los pueblos indígenas con la expectativa de aprobarla después de un proceso de "consulta" en el que tampoco se aceptará el consentimiento. Hecha la consulta, se acaba el diálogo institucionalizado entre Estado y comunidades. Ello incluye la negativa a incluir la participación indígena en la gestión, supervisión y fiscalización durante y después de las actividades extractivas en sus territorios. La capacidad indígena de influir en las medidas que luego serán consultadas es nula.

- Consulta solo en relación a actividades extractivas. No es que haya coincidencia entre indígenas y Estados en torno a conceder importancia a los derechos territoriales y que por ello sean las cuestiones extractivas aquellas priorizadas en la implementación de la consulta previa. Sino que la discusieón en torno a los derechos indígenas al territorio y recursos naturales se efectúa inclusive sólo desde el ángulo de la autorización de licencias extractivas y nada más. No está en discusión la adecuación al Convenio 169 de la política de titulación de tierras, de la legislación agraria, minera, energética, etc., y ni siquiera -bajo la misma lógica extractiva- se contempla la posibilidad de que los propios pueblos tengan sus emprendimientos extractivos como lo refiere el reciente informe del Relator James Anaya. Mucho menos se habla de la consulta previa en los sectores educación, salud, social, laboral, infancia y género, etc. Hay una absolutización de la centralidad de la consulta previa en desmedro de otros derechos. Es cierto que la consulta es "piedra angular" del Convenio 169 pero tampoco es el único derecho indígena ni el único asunto indígena urgente a implementar. Allí están p.ej. las cuestiones de la institucionalidad estatal e indígena, los derechos culturales, etc. El énfasis exclusivo de la consulta previa en el programa extractivo de los Gobiernos tiene un significado muy determinado: viabilizarlo.

- Restricción del objeto de la consulta previa en las actividades extractivas. No se pone en discusión si se realizarán o no los proyectos extractivos (por eso se niega toda posibilidad del consentimiento, lo que ellos llaman "veto"). Ya que ello es así, no está en discusión sino solamente los actos que autorizan el inicio de actividades de proyectos bajo derechos ya otorgados. No se consultan las concesiones mineras sino las licencias de exploración y explotación (ni siquiera los estudios de impacto ambiental). De este modo no se produce ningún diálogo ni compromiso acerca de los proyectos de vida colectivos y las visiones de desarrollo de los pueblos indígenas, sino únicamente de cómo implementar el programa de desarrollo del Estado y las empresas extractivas. No hay real diálogo intercultural entre visiones diferentes del desarrollo.

- Negación de la garantía de derechos indígenas previos y posteriores a la consulta. Los Estados prevén consultar solamente las condiciones operativas de los proyectos extractivos pero no las garantías jurídicas de los derechos que se ven relacionados con ellos: titulación de tierras comunitarias, remediación de pasivos ambientales de anteriores intervenciones extractivas, planes de mitigación, el modelo de participación en los beneficios, el reconocimiento de la institucionalidad representativa indígena, las compensaciones e indemnizaciones resultantes de la actividad, etc.. Sus especialistas dirán que "no se debe oponer un derecho a otro derecho", alegando por ejemplo que la consulta previa "no depende" de la titulación de las tierras "pues la propiedad indígena no depende de ella sino de la posesión ancestral", señalando que la titulación es un tema importante pero ajeno a la consulta previa, que las demandas indígenas por sus derechos ecnómicos, sociales y culturales son ajenos a la consulta previa de las medidas que el Estado pretende aprobar, que la participación en beneficios -derecho reconocido en el Convenio 169- tampoco es parte de la consulta previa y solo se da "siempre que sea posible", que condicionar el consentimiento al reconocimiento de este derecho sería un chantaje economicista de las comunidades, etc.

- Aplicación de los estándares legales nacionales en desmedro de los internacionales. El "modelo peruano" es muy claro en este sentido con un reglamento de consulta previa que conmina a los funcionarios públicos a aplicar estrictamente la Ley de Consulta y su Reglamento, que no menciona ni observa en lo absoluto a otras fuentes del derecho a la consulta como son la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, los dos Pactos Internacionales de 1966, la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y las correspondientes decisiones y sentencias que las interpretan. Se ignora clamorosamente las reglas del consentimiento previo, libre e informado de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuyos estándares no forman parte ni de las normas sobre consulta previa ni de las capacitaciones metodológicas para los funcionarios que aplicarán la consulta previa. En este aspecto, los especialistas gubernamentales en derechos indígenas hacen gala de una memoria selectiva o de una conveniente amnesia profesional, y basan sus políticas exclusivamente en normas o sentencias nacionales (por supuesto, aquellas que restringen los derechos indígenas). El resultado de ello es fortalecer la mentalidad "legalista" y burocrática habitual en los funcionarios de la administración pública que solo aplican leyes y reglamentos, pero no la Constitución y mucho menos tratados internacionales como el Convenio 169 (y ni qué decir de instrumentos como la Declaración) con el consiguiente efecto restrictivo en los derechos.

- Sin necesariamente mediar intencionalidad política, como un efecto complejo e independiente de la voluntad, se construye un complejo entramado normativo nacional sobre consulta previa bajo dominio de élites burocráticas y profesionales que se torna en inaccesible para los pueblos indígenas y sus organizaciones. En su implementación, tanto normativa como política, la consulta previa se vuelve un asunto especializado de comprensión de unos pocos (como expresión de la "colonialidad del saber" explicada por Aníbal Quijano). Se supone entonces que las organizaciones indígenas ya no solamente deban conocer a profundidad una norma culturalmente ajena a su derecho propio como es un tratado elaborado por Estados como el Convenio 169, sino además que también las leyes y decretos sobre consulta de ámbito nacional, regional y local, y las rebuscadas normas de ámbito sectorial sean de su conocimiento. Se produce una posición de dominio técnico que es perfecta expresión de la colonialidad de los procesos de consulta previa, todo ello mientras el Gobierno se autodenomina "intercultural". En el ámbito no estatal, sino civil, se produce el mismo efecto pues la relación entre asesores de pueblos indígenas y sus dirigencias se complejiza ante el desafío de comprender colectivamente y de manejar a su favor este complejo entramado normativo. La implementación de la consulta previa no es intercultural: y no puede serla porque en ella no se toman en cuenta los patrones culturales de los destinatarios que son las comunidades indígenas sino solamente las necesidades técnicas de la administración pública (traducir una norma legal a idioma indígena es un avance, pero absolutamente insuficiente para el mandato de la interculturalidad).

Se ha producido la expropiación jurídica, política y cultural de un derecho basado originalmente en la libre determinación de los pueblos indígenas convirtiéndosele en un procedimiento estatal burocrático y reductivo de derechos.

¿Orientaciones jurídicas para enfrentar los procesos de consulta previa diseñados unilateralmente por los Estados?. El enfatizar precisamente lo contrario, en discursos, políticas públicas, normas legales y prácticas:

a. Reivindicar el derecho al consentimiento como regla general para actividades extractivas con impacto profundo, en la práctica casi la totalidad de ellas. Véase el Informe Anaya sobre Industrias Extractivas y pueblos indígenas al respecto (párrafos 26 a 36).
b. Demandar la implementación de la participación indígena en los asuntos que le conciernan (y no solamente en relación a la afectación de derechos colectivos).
c. Ampliar la agenda pública de los pueblos indígenas evitando el "consulta-centrismo", volver a la demanda por seguridad territorial, adecuación de la legislación a los estándares internacionales; y demandar la consulta previa de otras cuestiones importantes y centrales como los derechos al territorio y los recursos naturales.
d. Reivindicar la consulta previa del otorgamiento de derechos extractivos y no solamente de las licencias de operación posteriores a dicho otorgamiento, para poner en diálogo las diferentes visiones de desarrollo entre pueblos y Estado.
e. En la línea de la sugerencia c), demandar que los procesos de consulta previa se realicen previa satisfacción de la deuda de implementación de los Estados de aquellos derechos económicos, sociales y culturales que estén relacionados y que sean impostergables de las comunidades que serán impactadas y afectadas por las actividades extractivas proyectadas. Esta exigencia es plenamente consecuente con la jurisprudencia internacional.
f. Que los Planes de Consulta prevean necesariamente una etapa previa de verificación de cumplimiento de dicha deuda, y una etapa de diálogo sobre los derechos de participación durante el desarrollo del proyecto extractivo y de consulta sobre las diferentes etapas pertinentes del proyecto.
g. Insistir en reivindicar los estándares internacionales (normativos y jurisprudenciales) en los procesos de consulta previa, aún en contraposición a los estándares nacionales si fuera el caso.
h. En los países sin legislación específica sobre consulta previa y sin condiciones favorables para el respeto de los derechos colectivos, no favorecer el desarrollo de dicha legislación estatal sino la negociación y el acuerdo de Planes de Consulta de elaboración indígena y basados en estándares internacionales. Favorecer la aplicación directa del Convenio 169 y otros tratados internacionales sin necesidad de más leyes o reglamentos. O bien, si se encuentran en procesos de implementación regulatoria ya iniciados que se concretizarán de todos modos, esforzarse en plantear alternativas integrales y bien sustentadas. En caso de no aplicación de la consulta previa de acuerdo a los estándares adecuados, realizar "auto-consultas" de acuerdo al derecho e instituciones propias en aquellos casos en los que el consentimiento previo exija obtenerse obligatoriamente.

En síntesis, podría decirse que no existe mejor estrategia jurídica que la de obligar a los Estados a cumplir con los compromisos internacionales que adquirieran libremente y sin coacciones. Es decir, lo que todo buen liberal debería estar aquí defendiendo: el imperio del llamado "Estado de Derecho"... Ni más ni menos. Y sin dobleces.




jueves, 28 de noviembre de 2013

CASO DEL PROYECTO MINERO ANGOSTURA

UN NUEVO EFECTO PERVERSO DE LA ACTUAL CONFIGURACIÓN  DEL ACUERDO PREVIO: LA ANULACIÓN DEL SUJETO INDÍGENA

Es la piedra de toque del fraude legal al derecho a la consulta previa en el Perú, pero ninguna institución que vele por los derechos indígenas la ha desafiado judicialmente de manera directa: es "el acuerdo previo" establecido en el artículo 7 de la actual Ley de Tierras y su reglamento.

Desde que la actual configuración legal del acuerdo previo en la Ley de Tierras fuera tempranamente cuestionada en noviembre de 2011 y febrero de 2012 [1] en el marco de la reglamentación de la Consulta Previa de la gestión Lanegra-Coronado-Vilca en el Viceministerio de Interculturalidad-, dicha configuración ha sido defendida desde entonces por dicha gestión y otros sectores públicos bajo el argumento de que "el acuerdo previo es una garantía que protege el derecho a la propiedad de las comunidades que no se contrapone con el derecho a la consulta previa, sino mas bien le es complementario e independiente".

Dicho argumento resulta siendo medio verdadero y medio falso (y por ello más pernicioso): mientras el Perú no legisló específicamente sobre el derecho a la consulta dicha afirmación podía ser hasta cierto punto válida pero bajo el nuevo marco legal de la Ley de Consulta Previa y su Reglamento, su efecto concreto (al margen de vagas afirmaciones generales) resulta en un fraude legal al derecho a la consulta previa de acuerdo a los estándares del Convenio 169.

En primer lugar pondremos en evidencia un reciente ejemplo concreto de los actuales efectos lesivos del acuerdo previo contra el derecho a la consulta previa a través del proyecto minero Angostura (1), luego explicaremos cómo es que el verdadero tema de fondo es si las concesiones mineras debieran ser consultadas o no (2), luego y finalmente propondremos alternativas al problema (3).

1) El ejemplo: El frustrado primer proceso de consulta previa en el subsector minero, el proyecto minero Angostura

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció que su primer proceso de consulta previa en el sub sector minero bajo la nueva Ley de Consulta sería el del proyecto minero Angostura el cual comenzaría el 05 de diciembre de 2012 y terminaría el 12 de febrero de 2013. El MEM preparó un Plan de Consulta que fue publicado en su portal web y entregado a la comunidad afectada pero luego extrañamente lo retiró. Entonces la Defensoría del Pueblo remitió el Oficio No.0282-2013-DP de fecha 07 de marzo de 2013, instando al MEM a la realización de dicho proceso sin que conozcamos hasta la fecha si el MEM le dio respuesta o no.

Dicho caso llamó la atención y fue analizado por el Grupo de Trabajo de Seguimiento a la Ley de Consulta coordinado por la Congresista Verónika Mendoza en el Congreso de la República. Preguntado el MEM sobre cuál fue el destino final de dicho proceso de consulta nunca realizado, dicho Ministerio respondió mediante el Informe No.090-2013-MEM-DGM de fecha 13 de junio de 2013 que "dicho proceso no continuó por decisión de la propia comunidad" (la comunidad Nueva Esperanza de Mollepiña) y que existía un acuerdo previo entre ella y la empresa minera titular del proyecto para el uso de la tierra. Todo ello fue objeto de su correspondiente reseña y cuestionamiento en el Informe Final de dicho Grupo de Trabajo [2] aprobado por unanimidad y difundido en julio de 2013.

Los documentos presentados por el MEM en su Informe, mostraron que la Asamblea de la Comunidad de Nueva Esperanza de Mollepiña realizada el 24 de abril de 2013 (como se observa, en fecha posterior al oficio de la Defensoría del Pueblo...) declaró que ella NO se reconocía como pueblo indígena, se declaraba NO afectada por la  exploración y explotación del proyecto Angostura, y al contrario, señalaba que éste mejoraría sus condiciones de vida y le significaría progreso colectivo... Por lo tanto, dijo el MEM, existiendo además un acuerdo entre la empresa minera "Aguila American Resources Limited S.A." que autorizaba a dicha empresa el uso de la tierra para desarrollar la exploración, ya no cabía realizar ningún proceso de consulta previa.

El acta de Asamblea -cuya copia notarial se efectuó ante el Notario Cirilo Aparicio y que el Presidente de la Comunidad cumplidamente remite al MEM al día siguiente, el 25 de abril- ostenta en su texto principal una precisa redacción jurídica tanto en forma como en fondo, lo que llama la atención dada la habitual falta de buena asesoría jurídica que sufren las comunidades campesinas...

Así, el acta de Asamblea dice textualmente que:

"La Comunidad Campesina de Nueva Esperanza de Mollepiña, ejerciendo su libertad inalienable a decidir y expresarse libremente, sin que exista fuerza o coerción alguna que viole sus derechos fundamentales, declara que no se reconoce como pueblo indígena u originario; (...) señala que las acciones, operaciones y labores relacionadas al proyecto minero "ANGOSTURA", así como las acciones, operaciones y labores relacionadas al proyecto minero "CCORIMINAS" ... no producirá ningún cambio en nuestra situación jurídica, ni afectará directamente nuestras tierras y/ a nuestros derechos colectivos, existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo (...) razón por la cual, y ejercitando nuestro derecho a la realización plena, autorizamos expresamente que se inicien, dentro de nuestro territorio comunal, las dos actividades mineras de exploración y explotación, previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería..."

El texto citado, transcribe frases de la Ley y Reglamento de Consulta previa para asegurarse de que ninguna interpretación posterior deje lugar a dudas de que la consulta no será aplicable por el Estado a dicho proyecto. Toda una negociación privada para enervar un derecho de carácter público (la consulta) gracias al marco propiciado por la figura del acuerdo previo.

Por supuesto, puede ser válido en atención a la libre determinación que una comunidad decida permitir y beneficiarse de un proyecto extractivo aprobado por el Estado. Lo cuestionable es que las negociaciones entre las comunidades y las empresas sean "tierra de nadie", espacios desregulados y carentes de garantías y consideraciones especiales hacia pueblos objetivamente vulnerables.

El caso Angostura podría demostrar además un nuevo efecto perverso de la actual configuración jurídica del acuerdo previo que antes no se había observado por nadie: Si hasta la fecha el acuerdo previo sirvió para eludir la consulta previa al vaciarle de "objeto" mediante la compraventa o usufructo de tierras indígenas bajo contratos desventajosos para las comunidades, esta vez lo novedoso es que se elude la consulta previa suprimiendo al "sujeto" de una forma mucho más peligrosa y lesiva para los derechos indígenas. Ahora, el propio titular del derecho a la consulta previa renuncia ante Notario a su identidad indígena y de ese modo, la empresa minera ya no debe depender del resultado de un proceso de consulta previa en ninguna etapa de su proyecto extractivo pues ya no hay sujeto titular de la consulta... No solo se desaparece del escenario a un derecho indígena en particular sino al pueblo indígena como titular de ese derecho.

Evidentemente deben investigarse las circunstancias que rodearon la elaboración de esta acta de asamblea comunal, acción que la Oficina de Gestión Social del MEM sostiene que no es de su competencia.

2) El problema: La perversa interacción Ley de Tierras-legislación minera-Reglamento de Consulta Previa

Con "perversa" interacción nos referimos a la anulación del carácter previo de la consulta previa a pesar de declarársele formalmente, mediante la no adaptación al Convenio 169 de la figura del acuerdo previo establecida en la Ley de Tierras y su reglamento, mediante la disposición del reglamento de consulta previa que solo establece la consulta previa del acto administrativo autorizando el inicio de actividades de exploración y explotación (pero no el otorgamiento de concesiones) y la legislación minera que exige el acuerdo previo como requisito para el inicio de dichas actividades.

Como resultado de esta tríada normativa lesiva a los derechos indígenas, primero se otorga la concesiòn minera sin ninguna consulta previa, luego el titular minero se acerca a las comunidades para lograr un acuerdo previo, obtenido dicho acuerdo luego se solicita la autorización de inicio de exploración y el Estado analiza si procede la consulta previa.

En el terreno, las comunidades cuyas tierras se superponen a concesiones otorgadas por el Estado se enteran por primera vez de ello cuando el titular de la concesión se acerca a ellas para obtener acuerdos de uso de sus tierras, y en muchos casos, para ofrecer precios ínfimos o prebendas asistencialistas para adquirir la propiedad de sus tierras. La negociación que allí se desarrolla no es supervisada por ninguna entidad pública, ni tampoco las comunidades tienen garantías de parte del Estado a fin de contar con buena asesoría técnica y financiera para afrontar la negociación con las empresas extractivas. En la práctica, las empresas prefieren comprar las tierras para que la consulta previa ya no se realice (pues si la tierra ya no es indígena entonces ya no hay un afectado indígena) o, como en el caso de Angostura, logran obtener declaraciones de renuncia a los propios derechos e inclusive de renuncia a la propia identidad étnica...

Hecha esta negociación completamente desigual entre empresa privada y comunidad, posteriormente el Estado recién se hace presente si considera que procede la consulta previa... 

3) Alternativas al problema

Los dos problemas existentes son entonces, la asimetría o desigualdad negocial entre las partes y la realización del acuerdo previo antes de la consulta previa de acuerdo a la actual legislación. Ambos factores ocasionan una buena medida de la conflictividad socio-ambiental.

Pero hasta la fecha, ciertos defensores y defensoras de la pasada gestión Lanegra-Coronado-Vilca han negado toda necesidad de corregir el actual marco legal sobre el acuerdo previo. Continúan manifestando que éste -tal como está- sirve para que las comunidades defiendan eficazmente sus tierras de abusivos empresarios pues negocian como "propietarios" abstractos e iguales. Se centran únicamente en las bondades del requisito de los 2/3 para enajenar tierras como si fuera suficiente defensa de la propiedad indígena...  Insisten en defender que las comunidades indígenas sean tratadas como simples propietarios privados de sus tierras en pie de "igualdad" con otros intereses privados, negando la naturaleza jurídica de DERECHO PÚBLICO que tienen los pueblos indígenas y sus comunidades.

Aunado a ello continúan manifestando -en coincidencia objetiva con el Ministerio de Energía y Minas- que el otorgamiento de concesiones mineras no debe ser consultado previamente. De ese modo, se lesionan derechos al propiciarse escenarios como el del caso Angostura en el que no solo se desaparece al objeto sino también al sujeto de la consulta previa, lo cual es mucho más grave.

Pero las soluciones al problema son perfectamente alcanzables. No se trata por cierto, de eliminar la figura del acuerdo previo sino de adaptarla a los estándares del Convenio 169, ni tampoco se trata de aprobar toda "una nueva Ley de Tierras" sino de, a lo menos, de balancear el desequilibrio de poder que actualmente permite el acuerdo previo.

Incluso voces moderadas como la del Relator sobre Pueblos Indígenas James Anaya se ha pronunciado sobre figuras negociales análogas al "acuerdo previo". En su reciente informe sobre Industrias Extractivas, el profesor Anaya ha observado que en general, ni el Estado ni los actores del sector privado procuran corregir los desequilibrios de poder en las negociaciones directas entre comunidades indígenas y las empresas extractivas, aunque la responsabilidad principal corresponda al Estado. Cumple con recordar además, que las negociaciones directas entre empresas y comunidades deben cumplir los mismos estándares normativos internacionales que los procesos de consulta previa.

En cuanto a formas de corregir dicha desigualdad de poder en las negociaciones, Anaya sugiere por ejemplo "el empleo de mediadores independientes para las consultas o negociaciones, el establecimiento de mecanismos de financiación que permitan a los pueblos indígenas acceder a asistencia técnica y asesoramiento independientes, y la elaboración de procedimientos estandarizados para la obtención de información por los pueblos indígenas sobre los riesgos y los beneficios potenciales de los proyectos extractivos" [3].

En principio, se trata de medidas sencillas y accesibles que podrían concretarse a través de un organismo tripartito compuesto por empresas, Estado y organizaciones indígenas) que supervise la práctica de los acuerdos previos, del establecimiento de un fideicomiso que financie el asesoramiento a las comunidades que negocien acuerdos previos cuyo fondo provenga de la política nacional de fomento a las inversiones, que fortalezca la institucionalidad organizativa de los pueblos indígenas, etc. Esto pasaría necesariamente por una reforma del reglamento del artículo 7 de la Ley de Tierras para establecer que el acuerdo previo se realizará garantizando la efectiva igualdad de la capacidad negociadora de las partes en caso de comunidades indígenas y especificando con precisión cuáles son dichas garantías.

Corregido el desequilibrio y la asimetría negocial entre empresas y comunidades, sin embargo queda en pie la segunda cuestión importante: la legislación sobre consulta previa y minera que propicia que sean las empresas privadas las primeras en acercarse a las comunidades y no el Estado.

El derecho a la consulta previa en hidrocarburos y minería jamás será respetado antes del otorgamiento de la concesión ni en ninguna etapa de los proyectos extractivos si es que las empresas siguen siendo las primeras en tomar contacto con las comunidades indígenas afectadas (en lugar del Estado) y si es que una vez establecido el contacto entre ambas, el Estado no corrige activamente la desventaja real de las comunidades al momento de negociar con dichas empresas sobre el uso de sus tierras

Para ello debería modificarse el reglamento de consulta previa de la gestión Lanegra-Coronado-Vilca así como el texto único ordenado de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía. Por supuesto, esta última modificación implicará convencer en primer lugar a la Defensoría del Pueblo para que apoye dicha reforma (también planteada en el informe de consultoría sobre la consulta previa en el sector energía y minas elaborado por el Dr. Rasul Camborda y que debería merecer discusión interna en dicha institución), y sobre todo, por doblar el brazo de los poderosos intereses privados que se reflejan en la posición del INGEMMET, también opuesto a dicha posición.

Pero ante todo deberían abandonarse los esquemas rígidos sobre el derecho de consulta previa que existen en el Estado y que no admiten flexibilidades para lograr adaptar la consulta previa a la diversa complejidad y naturaleza de aquellas medidas que afectan derechos colectivos.




[1] En el foro del 25 de noviembre de 2011 cuyas ponencias fueron publicadas en el libro "La consulta previa y retos para una institucionalidad estatal en materia indígena" (Congreso de la República, Lima, enero de 2012), foro realizado apenas tres días después de difundido al público el borrador del reglamento de consulta previa, se cuestionó la relación que guardaba el acuerdo previo con la consulta previa en dicho proyecto (ver páginas 88 y 93 en el siguiente link http://goo.gl/5If0d8 ).
Posteriormente el despacho de la Congresista Veronika Mendoza cuestionó mediante un informe jurídico (Oficio No.049-VMF/2012-CR de fecha 20 de febrero de 2012 dirigido al Vice Ministro de Interculturalidad) dicha disposición. Ver el Oficio aquí: http://goo.gl/k8iwhG .
Esta cuestión fue nuevamente cuestionada en el Informe Final del Grupo de Trabajo sobre Seguimiento a la Implementación de la Ley de Consulta Previa del Congreso de la República (ver páginas 58 y 59). Consultar Informe en: http://goo.gl/ItZ85N 
[2] Véanse la página 61 del Informe arriba citado.
[3] Párrafos 63 y 64 del Informe "Las Industrias Extractivas y los Pueblos Indígenas", 01 de julio de 2013. Consultar en: http://goo.gl/SgqbwQ 



lunes, 11 de noviembre de 2013

100 AÑOS DE LIBERTAD RELIGIOSA

El 11 de noviembre de 2015, se celebrarán 98 años de una de las más importantes reformas constitucionales y victorias de los derechos humanos en el Perú: la derogación de la intolerancia religiosa en el texto constitucional. Un breve recuento de los hechos inmediatos que la precedieron.

Como se sabe, desde su fundación republicana el nuevo Estado peruano no consiguió liberarse de la sujeción a la hegemonía de la jerarquía eclesiástica católico-romana. Las sucesivas Constituciones "liberales" no solamente consagraban el predominio de dicha Iglesia sino además la prohibición del culto público y privado de cualquier otro credo. Dicha situación comenzó a llegar a su fin a partir de la reforma de 1913.

Los casos Penzotti y Platería: el comienzo del fin de la intolerancia religiosa

El famoso “affaire” Penzotti y luego el asalto a la escuela adventista indígena de Platería en Puno serían los dos hechos que desencadenarían definitivamente el reconocimiento legal de la tolerancia religiosa en el Perú[1].

El primer escandaloso evento mencionado, tuvo el efecto de poner en tela de juicio ante instancias internacionales el grado de civilización que la sociedad peruana se permitía a sí misma. Francisco Penzotti, un misionero metodista italiano que había arribado al puerto del Callao a fin de vender ejemplares de la Sagrada Escritura y para propagar el mensaje evangélico y que tenía enorme éxito[2] fue objeto de numerosas represalias y ataques tanto de parte de turbas enfurecidas como de líderes eclesiásticos que lo denunciaban públicamente como un hereje que pretendía descatolizar al Perú, hasta que finalmente fue encarcelado en base a la acusación formal de un sacerdote católico por violar el artículo cuatro de la Constitución que prohibía todo otro culto diferente al católico. Lo que no esperaban los sectores clericales era que este incidente trascendería las fronteras nacionales y se convertiría en un negativo evento para la imagen exterior del gobierno peruano pues el caso Penzotti se convirtió en el catalizador de un frente anticlerical y en una lucha emblemática para muchos sectores sociales contendientes en medio de una coyuntura especialmente agitada.

Se acusaba a Penzotti de haber cometido “delitos contra la religión” de tres maneras[3]. En primer lugar, por hacer propaganda pública del protestantismo cuando sólo podía hacerlo en privado ya que –se alegaba- había publicado un aviso en el periódico titulado “Cultos evangélicos privados” y puesto en la fachada de la casa donde éstos se realizaban un signo distintivo que la identificaba mediante un triángulo y un libro. En segundo lugar, por “usurpar” funciones sacerdotales al tomarse la libertad de explicar la Biblia, celebrar bautismos y matrimonios, y usar un sello para su correspondencia privada con la inscripción “Misión Evangélica de la Iglesia Metodista Episcopal en Sudamérica” y finalmente por expresarse de manera injuriosa contra la Iglesia Católica negando sus dogmas en sus conferencias.

El Juez de primera instancia, Nicomedes Porras, lo absolvió al ser presentada una apelación de la defensa el proceso continuó ante el Tribunal Superior[4]. El tribunal Superior confirmó el fallo en una apretada votación de tres contra dos y finalmente el caso llegó a la Corte Suprema. Mientras tanto Penzotti seguía detenido y los defensores liberales, masones y protestantes no se contentaban sino sólo con una absolución plena que derrotara total y drásticamente la ofensiva clerical. Las presiones internacionales se hicieron sentir con particular fuerza desde que el material incautado a Penzotti se consideraba como propiedad privada norteamericana, el detenido pertenecía a la colonia italiana y además un ministro británico intervenía a favor del prisionero por especial encargo directo de la reina Victoria. El caso debía resolverse cuanto antes, y así fue, pues la Corte decidió que se ratificaran las primeras dos sentencias y que Penzotti fuera nuevamente absuelto de la instancia, esta vez dando fin al proceso. La derrota del clericalismo intolerante era un hecho consumado y de este modo la redacción vigente del artículo cuarto de la Constitución continuaba perdiendo apoyo social y político, lo que fortaleció el programa reformista de los liberales, masones y anticlericales en pro de la tolerancia religiosa así como la obra de predicación de los misioneros protestantes quienes se convirtieron en el nuevo centro de las furias eclesiásticas.

El segundo hecho que precipitó la caída del régimen legal de intolerancia religiosa contenido en las funestas líneas “el Estado protege la religión católica, apostólica y romana; y no permite el ejercicio público de otra alguna”, fue el asalto a la misión adventista de Platería de Puno de 1913. En general, no era novedad que el clima de hostilidad hacia el protestantismo en general se tradujera en ataques, asaltos, robos, violaciones de domicilio, arrestos y en muchas oportunidades hasta en homicidios perpetrados contra quienes no profesaban la religión católica, azuzados la mayor de las veces por obispos y sacerdotes intolerantes y fanáticos. Así por ejemplo, era común escuchar desde los púlpitos sermones beligerantes así como leer exhortaciones a la persecución en boletines y revistas clericales de este tipo:

“Ir en contra del protestantismo es... sagrado deber de la hora presente; y a nadie, y menos al clero es lícito, cruzarse de brazos cuando se sienten los pasos del enemigo que con la impía segur en la mano amenaza desflorar el hermoso campo de la fe católica...en el Perú el protestantismo se ha propagado considerablemente. En los pueblos del interior y en los campos, explorando la sencillez y la ignorancia de sus moradores, es donde más víctimas cuenta...”[5]

Sin embargo, el encono clerical desatado contra la obra educativa adventista entre los indígenas del Altiplano conoció extremos inauditos que conmocionaron a la opinión pública nacional. El 03 de marzo de 1913, una numerosa turba organizada y liderada por el Obispo de Puno Valentín Ampuero saqueó e incendió la misión e inflingió brutales castigos físicos a los campesinos adventistas que pudo encontrar en su paso destructivo. En dicho asalto, el misionero adventista norteamericano Fernando Stahl y el ilustrado indígena Manuel Zúñiga Camacho, fundador de la escuela y quien tuvo la iniciativa de convocar a los adventistas para hacerse cargo de la obra educativa en ese lugar, fueron los hombres más buscados por Ampuero para ser eliminados[6]. La denuncia que las víctimas presentaron contra el Obispo Ampuero fue increíblemente desestimada por el Juez, por la Corte Suprema de Justicia y por la Cámara de Diputados[7]. Incluso el Poder Ejecutivo realizó una investigación confidencial cuyos resultados sin embargo jamás se hicieron públicos. Pero los sucesos de Platería habían estimulado un acto que sería trascendental para  la causa de la tolerancia religiosa en el Perú: el 25 de agosto de 1913 el Senador por Puno Severiano Bezada proponía que se eliminara del artículo cuarto de la Constitución de 1860 la frase “y  no permite el ejercicio público de otra alguna”.

1915: La introducción legal de la tolerancia religiosa

            Manuel Zúñiga Camacho y Fernando Stahl quizás nunca imaginaron que los sucesos de Platería llevarían a la consagración de la tolerancia religiosa legal por primera vez en el Perú pues la iniciativa del senador Bezada no había sido planeada políticamente ni con ellos ni con ninguna iglesia protestante. El texto de tal histórica iniciativa decía así:

“Cámara de Senadores.
El Senador que suscribe, teniendo en consideración que las leyes deben conformarse al espíritu que corresponde a la época en la cual han de regir, propone se reforme la parte terminal de dicho Artículo, que dice: “y no permite el ejercicio público de otra alguna”, de manera que el referido Artículo quedará así: Artículo 4º “La nación profesa la Religión Católica, Apostólica y Romana el Estado la protege.
Lima, 25 de agosto de 1913”.[8]

            La iniciativa fue derivada a la Comisión de Constitución para su análisis, presidida ésta por el doctor Mariano Cornejo. Enterados del proyecto de ley de reforma a la Constitución, un grupo de misioneros integrado por el misionero adventista Maxwell, el misionero evangélico Juan Ritchie y el pastor metodista Ruperto Algorta se acercaron a felicitar al Senador Bezada y a mencionarle que ellos estaban recolectando cartas y telegramas de adhesión a su propuesta, a lo que éste respondió consternadamente que su propósito era sólo contentar a su electorado liberal pero que tenía la certeza de que dicho proyecto fracasaría en la Comisión de Constitución. Ante ello, el trío pro-libertad religiosa acudió entonces a Mariano Cornejo quien les aseguró que él se encargaría de conseguir la aprobación en dicha Comisión y lograr su presentación ante el pleno del Senado. Así, el 18 de septiembre de 1913 la Comisión se dirigía al Senado para manifestarle que:

“Vuestra comisión no puede menos que felicitarse de la iniciativa del honorable señor Bezada, que viene a llenar una necesidad claramente sentida por cuantos desean que la Constitución del Perú no sea una triste excepción en los pueblos liberales de América y Europa.
El culto impuesto por la fuerza o perseguida por los gendarmes corresponde a ideas tan lejanas a nuestro modo de pensar, que apenas concebimos hubieran podido existir alguna vez. Son como los fósiles, vestigios de formas de vida que alguna vez habitaron el planeta y que hoy nos causan extrañeza que hubieran podido existir.
Por eso vuestra Comisión creería ofender la ilustración de la Cámara, demostrando la justicia de los propósitos. Lo único que necesita observar es la razón por la cual vuestra comisión no avanza hasta el punto, indiscutible en teoría, de la separación de la Iglesia del Estado, esta razón es, como bien se comprende, la necesidad de no herir el sentimiento católico predominante en el país, ni los intereses creados a su sombra.
Así pues la religión católica queda como religión oficial, protegida por el Estado. La única innovación consiste en no perseguir por la fuerza las manifestaciones de los cultos disidentes.
En esta virtud, vuestra Comisión os pide que aprobéis el proyecto del honorable señor Bezada.
Dése cuenta.
Sala de la Comisión. Lima a 16 de setiembre de 1913.
Firmado. M.H. Cornejo. – G. Schreiber. A. Souza”[9].

            El sacerdote senador Valencia Pacheco quiso que el proyecto fuera remitido a la Comisión de Culto Público (en la que el clericalismo tenía mayoría) porque afectaba la religión, propuesta que votada fue derrotada por mayoría ante la sorpresa de los senadores sacerdotes. La prensa clerical inmediatamente alegó que este ataque satánico hundiría al Perú en una anarquía que la llevaría a la ruina total, que se relajaría la moral y se degradaría la cultura, y la verdadera religión desaparecería. El 25 de septiembre el proyecto pasaba de la Cámara de Senadores a la de Diputados momento en el cual el diputado Chaparro propuso que se le dispensara del trámite de Comisión y fuera directamente a la discusión del pleno. Luego de un debate, la votación favoreció esta iniciativa por 57 votos contra 28.

            De esta manera, el 03 de octubre de 1913 el Presidente del Senado daba lectura al proyecto dando por abierto el debate. Iniciado éste, el clérigo Sánchez Díaz se manifestó en contra de la tolerancia religiosa sosteniendo:

“Es evidente que la religión católica, apostólica y romana es la verdadera y todas las demás son falsas, porque la verdad es una. Si es verdadera, debe ser acatada, respetada y defendida, y no se la defiende, honorables señores, permitiendo el ejercicio público de religiones falsas, porque el error y la mentira no tienen derecho a existir y sería injusticia prestarles amparo y protección”[10].

Ante ello, el senador liberal Químper le interrumpió interrogándole sobre si consideraba que la Inquisición respetaba la vida. La respuesta fue una apología de dicha institución colonial que a su vez fue replicada vigorosamente por el primero. Fue entonces que el senador Balbuena -autor de la moción inicial-, dirigió el primero y único discurso que defendió el proyecto argumentando que no eran necesarios mayores estudios ni discursos sobre la reforma ya que la libertad de conciencia constituía un dogma irrefutable. Realizada la votación el proyecto fue aprobado en medio de una conmoción. La reforma progresaba de manera vertiginosa[11]. Ahora correspondía que el asunto pasase por una ratificación en legislatura ordinaria la cual se realizaría un año después, el 01 de octubre de 1914. Ese día y sin mayores debates, el proyecto fue aprobado con únicamente seis representantes en contra, (tres de ellos sacerdotes) ante lo cual se levantó la sesión.

Uno de los últimos recursos que le quedaban al clericalismo intolerante era el de acudir al apoyo presidencial para impedir la promulgación de la ley. Y así, a inicios de noviembre de 1915 el Consejo de Ministros publicaba una resolución decidiendo no promulgar la enmienda al artículo cuatro. Es entonces que el señor Químper solicita en la Cámara de Diputados que el Congreso proceda a promulgar la ley ante el vencimiento del plazo para que lo hiciera el Poder Ejecutivo, fijándose para poco después, para el día 11 de noviembre, la fecha en que se cumpliría con tal procedimiento. El ensordecedor desorden y bullicio propiciados por masas católicas apostadas en el interior del recinto parlamentario durante la ceremonia de promulgación inclusive obligaron al Presidente del Congreso Rodrigo Peña Murrieta, a desalojar a los hombres de las galerías dejando sólo a las damas. Anunciada la orden del día el Presidente tomó la palabra:

“Rodrigo Peña Murrieta,
Presidente del Congreso,
Por cuanto:
El Congreso de la República Peruana,
Ha dado la ley siguiente:
Artículo Unico.- Suprímase del Artículo 4 de la Constitución la parte final, que dice: “y no se permite el ejercicio público de otra alguna”; quedando concebido este Artículo en los siguientes términos: “Artículo 4.- La Nación profesa la Religión Católica, Apostólica y Romana y el Estado la protege”.
Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo necesario a su cumplimiento”
“...Promulgada la ley, cumplido el objeto para que fue citado el Congreso, ¡se levanta la sesión!”.  

Según el relato de Money, hubieron aplausos y una gritería escandalosa en las galerías, momentos en los que se produjo un hecho inédito en la historia parlamentaria peruana: el diputado Sánchez Díaz amenazadoramente se acercó al estrado y en un acto de irracional furia fanática, arrebató del despacho la autógrafa de la ley y la rompió en pedazos, ante lo cual los demás legisladores se levantaron también de sus escaños y rodearon el estrado, levantándose definitivamente la histórica sesión. Ésta había durado apenas diez históricos minutos. Ahora ya podría decirse que a partir de 1915 la tolerancia religiosa pasaba a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico.

1933: La progresiva introducción constitucional de la Libertad Religiosa

El periodo posterior a 1915 fue uno de desenvolvimiento concreto de esta conquista legal, para nada exento de contradicciones y graves persecuciones. Antes bien, percibiendo la progresiva constitucionalización de la libertad religiosa en la legalidad peruana la Iglesia Católica pareció dedicarse a combatirla con más dureza.

Los gobiernos republicanos que por aquellos tiempos lideran el país seguirán acudiendo a la ideología nacional-catolicista para darle mayor estabilidad a sus precarios consensos políticos a cambio de lo cual seguían manteniendo relaciones privilegiadas con la Iglesia católica, promotora de dicha  postura. Esto determinará que las élites gobernantes no sean consecuentes en la práctica con la tolerancia religiosa garantizada constitucionalmente y en muchas ocasiones se muestren contemplativos y pasivos ante las masacres y persecuciones promovidas por el gamonalismo y el clero contra ciertas minorías religiosas activas. Así por ejemplo, la obra educativa del Adventismo del Séptimo Día sería considerada el principal enemigo que desafiaba la hegemonía religiosa y social católicas. Por ello de 1919 a 1923 se asiste a una feroz arremetida gubernamental y clerical en contra de las escuelas adventistas que llegó al punto de decirse que por cada nueva escuela o comunidad misionera que se abría un campesino adventista era martirizado[12]. Con todo, esta obra educativa continuó pujante teniéndose que para 1924 los adventistas podían contar 80 escuelas y 4,150 indígenas miembros de su iglesia, además de numerosos templos, colegios y clínicas abiertos entre peruanos quechuas y aymaras.

Pero eso ya es otra historia.




[1] Lo que recién con las Constituciones de 1933 y de 1979 conllevarían finalmente al reconocimiento legal ya no de la tolerancia, sino de la libertad religiosa.
[2] Samuel Escobar refiere que el colportaje (venta de Biblias) de Penzotti alcanzó a casi 4,500 personas debido a que no se limitaba sólo a vender los libros sino a explicarlos. El Informe Anual  de 1889 de la Sociedad Bíblica Americana demuestra que Penzotti era el colportor más exitoso de su equipo, habiendo vendido en 29 meses la cantidad de 1306 biblias y 1480 Nuevos Testamentos. Introducción al Proceso Judicial contra Francisco Penzotti (1890-1891). ESCOBAR, Samuel. En: Epoca. Revista de Historia Eclesiástica, Año 2, No.3, Jul-Dic.1996. Archivo Histórico del Protestantismo Latinoamericano, p.9.
[3] ESCOBAR, Samuel. Op. Cit., p.10.
[4] “Libertad religiosa en el Perú. El proceso judicial a Francisco Penzotti (1890-1891)”. En: Época. Revista de Historia Eclesiástica, Año 2, No.3, Jul-Dic.1996. Archivo Histórico del Protestantismo Latinoamericano, p.105. En esta revista, el investigador puede encontrar una recopilación de las piezas procesales que formaron parte del expediente judicial del célebre caso (alegatos, informes fiscales, declaraciones de testigos, apelaciones, sentencias).
[5] El Amigo del clero, 12 de diciembre de 1901. Citado en: ALOMÍA, Merling, “Un importante centenario en la historia de las Misiones”.En: Theologika, Revista Bíblico-Teológica Vol. XIII, No.2, 1998, Universidad Peruana Unión, Ñaña, pág. 289.
[6] Zúñiga relata los dramáticos hechos en la declaración testimonial que hace ante el Juez de 1ra. Instancia de Puno. El texto íntegro se encuentra transcrito en ALOMÍA, M., Op. Cit. págs. 294-297, tomado de El protestantismo y el Gamonalismo en Puno, 1900-1930,  Urviola, Luis, Agramonte Francisco y Zaravia, Dina.
[7] Tres años más tarde, en otro asalto a una escuela adventista en Queñuani perpetrado por una turba liderada por los sacerdotes Julio Tomás Bravo y Fermín Manrique coludidos con gamonales de la región a quienes no les convenía la educación de la masa indígena que realizaban los adventistas, casi lograrían su cometido de asesinar a Fernando Stahl y a su esposa al intentar quemarlos vivos dentro de una vivienda de la que apenas pudieron escapar gravemente heridos. Los años siguientes serían testigos de numerosos martirios de campesinos adventistas e incendios de escuelas ante la cómplice indiferencia de las autoridades. Una relación detallada de estos eventos puede apreciarse en ALOMÍA, M., Op. Cit. págs. 304-311 y un análisis del contexto social de fondo en ARMAS, F. Liberales, protestantes y masones, p.190-196.
[8] MONEY, Herbert. “La Libertad Religiosa en el Perú. La Reforma del Art. 4º de la Constitución del Perú, 1915”. CONEP, Lima, 1965, p.17.
[9] Ídem, p.20.
[10] MONEY, H. Op. Cit., p.27.
[11] Aunque no podría atribuirse el éxito de la misma a la acción presurosa de las Cámaras pues el proceso de aprobación de la reforma demoraría aproximadamente dos años hasta su culminación final, tiempo en el cual los adherentes no lograron conseguir más apoyo para ganar en las votaciones.
[12] The Lake Titicaca Mission, G.H. Ruf. Citado en: ALOMÍA, Merling. “Breve historia de la Educación Adventista en el Perú, 1898-1996”. Ediciones Theologika, Universidad Peruana Unión, Lima, 1996 p.59. Destrucción de escuelas, sangrientas masacres, azotes, juicios, encarcelamientos y numerosos abusos que sufrieron los líderes adventistas y sobre todo los campesinos que persistían en enrolarse en sus colegios fueron una triste constante durante las primeras tres décadas del siglo XX en el Perú. Se llegaron a extremos inverosímiles como en aquella ocasión en que el Subprefecto de Azángaro envió cinco cabezas de adventistas asesinados a los pies de la esposa del Presidente de la Misión adventista en Puno. Un detallado recuento de la persecución contra el adventismo peruano y de cómo su obra educativa logró sobreponerse en este difícil contexto hasta inclusive llegar a sobrepasar en número y extensión a las escuelas del propio Estado, puede verse en las dos obras ya citadas de Alomía, “Breve historia de la Educación Adventista...” y “Un importante centenario en la historia de las misiones...”.