jueves, 19 de marzo de 2015

Batallas culturales en torno al matrimonio igualitario, la financiación de la Iglesia Católica y la enseñanza católica en la escuela pública en España (2004-2006)

BATALLAS CULTURALES EN TORNO AL MATRIMONIO IGUALITARIO, LA FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA Y LA ENSEÑANZA CATÓLICA EN LA ESCUELA PÚBLICA EN ESPAÑA (2004-2006):
LAICIDAD, CONFESIONALIDAD Y LAICISMO [1]
Marco A. Huaco Palomino [2]

La modernidad planteó la cuestión de la laicidad en torno al debate clásico sobre las relaciones ideales Iglesia/Estado. Desde la formulación misma de la cuestión se puede advertir que estaba planteada desde un punto de partida institucional pues se enfocaba en el estudio y debate acerca de los diversos modelos de relación entre la institución religiosa arquetípica –“la” Iglesia, léase Católica- y la institución política secular por excelencia -el Estado- así como de las variadas cuestiones jurídicas y políticas que se suscitan a partir de dichas relaciones interinstitucionales. Sin embargo la posmodernidad, con su incontenible irrupción en todos los campos imaginables de individualismo, pluralismo y diversidad ha replanteado la forma tradicional y clásica de abordar la cuestión de la laicidad.

Las batallas culturales (kulturkampf[3]) de la posmodernidad ya no se circunscriben principalmente a la mera cuestión de las relaciones ideales entre el Estado y las agrupaciones religiosas en general ni tampoco a la cuestión de la relación general entre religión e institucionalidad estatal (mención y presencia de figuras y símbolos religiosos en espacios y documentos públicos, el creacionismo o Teoría del Diseño Inteligente en la escuela pública, etc.) sino que abarcan desde ya cierto tiempo una amplia gama de cuestiones de gran repercusión social como la bioética, el matrimonio homosexual, la ingeniería genética, etc.. Así entonces, nos parece que la cuestión de las relaciones Asuntos Públicos/Religión reemplaza a la vieja cuestión de las relaciones Iglesia/Estado y se hace indispensable que los estudios valoren esta nueva perspectiva.

En el presente capítulo haremos una descripción de recientes batallas culturales en las que la religión y la política institucionalizados se entrechocan en el contexto de una sociedad mayoritariamente católica a propósito de la definición de la moral y valores públicos en cuestiones controversiales.

España es escenario actual de importantísimas batallas culturales en torno a la laicidad y por la afinidad con el pasado histórico colonial y la influencia de su derecho es un modelo paradigmático para muchos ordenamientos latinoamericanos como el colombiano, el peruano, el argentino, etc.. A la luz de lo que observaremos en el presente capítulo, nos percataremos que el análisis jurídico-institucional de la laicidad que hemos realizado exhaustivamente en el capítulo anterior –con ser importante e imprescindible- sin embargo debe ser comparado con el análisis político y social, ya que es una hipótesis de este trabajo el que se haya producido un fenómeno muy típico de dependencia ideológica y cultural: que la mayoría de países iberoamericanos semiconfesionales en cuestiones jurídicas relacionadas con las Iglesias al mismo tiempo vivan procesos de creciente independencia y secularización en políticas públicas tales como el aborto, el matrimonio civil, el divorcio, políticas de salud reproductiva, etc..

España: la actual transición del Estado pluriconfesional al Estado Laico.

Contemporáneamente, España ha experimentado beligerantes períodos históricos en los que la cuestión religiosa ha sido fundamental para determinar el carácter del Estado.

La experiencia republicana y socialista de 1931 se caracterizó por un agudo conflicto entre católicos y anticlericales militantes que desembocó en la Constitución de 1931que declaraba de manera categórica la no confesionalidad del Estado, eliminaba la financiación estatal del clero, introducía el matrimonio civil y el divorcio, y, lo más doloroso para la Iglesia, prohibía el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas, algo que debía poner en práctica una Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. Esa ley, pasada por las Cortes el 17 de mayo de 1933 y sancionada el 2 de junio por Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República, causó en la Iglesia una auténtica conmoción. En 1933, los obispos dirigidos desde abril de ese año por el integrista Isidro Gomá, reaccionarían con una "Declaración del Episcopado", en la que sentían "el duro ultraje a los derechos divinos de la Iglesia" y rechazaban "las escuelas acatólicas, neutras o mixtas". El papa Pío XI le dedicó una encíclica, Dilectissima nobis, por atentar "contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia". La jerarquía eclesiástica y la prensa católica se sumaron a la movilización general no faltando quienes declararon entonces que los católicos debían defenderse de todos esos ataques "con su sangre incluso" como exhortara el dirigente carlista Manuel Fal Conde.

Pero la guerra civil provocada por una sublevación militar contra la República y la victoria del ejército del General Franco ocasionaron el retorno de las posiciones de poder de la Iglesia Católica. El catolicismo volvió a ser la religión oficial del Estado y todas las medidas republicanas que la derecha y la Iglesia habían maldecido fueron derogadas. La Iglesia recuperó todos sus privilegios institucionales, impuso con los militares la unidad de la fe y de la nación, y controló durante décadas todos los resortes de la educación. Comprometidos por el Concordato de 1953 vigente hasta 1979 (y aún hoy en algunos aspectos), los obispos rezaban entonces en cada misa por la salud de Franco. A cambio, la dictadura nacional-católica reconocía a la Iglesia su carácter de "sociedad perfecta" y de "única religión de la Nación"; le aseguraba "una congrua dotación" para el clero y el culto, y se comprometía a financiar "la construcción de templos parroquiales y rectorales y seminarios..."· El BOE de 19 de octubre de 1953 publicaría dicho Concordato con este encabezamiento: "En el nombre de la Santísima Trinidad".

El Fuero de los Españoles del 17 de julio de 1945 ordenaba: “La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. El Estado asumirá la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden público” (Art. 6). La Ley de Principios del Movimiento Nacional, del 17 de mayo de 1958, establecía: “La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación” (Art.2).

Luego de la muerte del dictador y advirtiendo el fin del franquismo, la Iglesia Católica fue elaborando una estrategia par conservar lo máximo de sus derechos y privilegios sin amenazar el proceso de transición democrática que sobrevendría después de la muerte de Franco: se aceptaría el fin de la confesionalidad oficial al mismo tiempo que se defendería la protección de las finanzas de la Iglesia y de sus derechos en materia de educación y el reconocimiento de la influencia de la Iglesia en las cuestiones de orden moral. La forma empleada: el reemplazo del Concordato de la época de convivencia entre el franquismo y el catolicismo por “nuevos” instrumentos bilaterales llamados discretamente “Acuerdos” celebrados con la Santa Sede: el Acuerdo básico entre la Santa Sede y España de 28 de julio de 1976, el Acuerdo sobre asuntos jurídicos de 3 de enero de 1979, el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales de 3 de enero de 1979, el Acuerdo sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas de 3 de enero de 1979 y el Acuerdo sobre asuntos económicos de 3 de enero de 1979. Dichos Acuerdos vendrían a cerrar el círculo de semiconfesionalidad española en el que no se instauraría propiamente un modelo de Laicidad estatal sino uno de “aconfesionalidad”[4] cuyos alcances prácticos y concretos no se comprendían plenamente entonces y se irían definiendo en los sucesivos regímenes surgidos de la Constitución paradigmática de 1978, la Constitución de la transición democrática.

1.1. La cuestión del matrimonio homosexual

Entre los primeros episodios de batalla cultural que enfrentó al gobierno del PSOE con la Iglesia Católica y que nos da un indicador sobre la decidida orientación laica que se desea imprimir al Estado, lo constituyó la espinosa cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Este capítulo de las relaciones conflictivas entre la Santa Sede y el Estado español es muy significativo por la conocida defensa que hace el papado del matrimonio como una institución sacramental entre hombre y mujer de carácter indisoluble y cuya eficacia le viene dada exclusivamente por la ceremonia religiosa; así como por la particular dificultad que reviste para cualquier gobierno el aprobar una modificación legal altamente controvertida que al mismo tiempo no está muy difundida en el plano internacional[5]. Estos elementos hacen que la aprobación del matrimonio gay hable en voz muy alta al momento de valorar la laicidad del actual gobierno español.

El 30 de diciembre de 2004 el Gobierno español aprobó un anteproyecto de ley para equiparar jurídicamente el matrimonio de homosexuales al de heterosexuales, con posibilidad de adopción de menores para estos nuevos matrimonios incluida. Por supuesto las primeras voces de protesta no se hicieron esperar. El 08 de marzo de 2005, día en el que finalizaba el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley de matrimonios de homosexuales, el Grupo Parlamentario del Partido Popular (PP) presentaba una enmienda de totalidad al proyecto de ley que legaliza los matrimonios homosexuales ya que no consideraba "ni posible, ni adecuado" que la forma de plasmar la regulación de la unión homosexual sea su inclusión en la institución del matrimonio.

En su justificación el Grupo Popular señalaba que la línea que defienden ha sido también apoyada por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y la Asociación Española de Abogados de Familia los que propusieron una regulación jurídica diferenciada de las uniones homosexuales al margen del matrimonio. Y ello, agrega la enmienda de totalidad, “no sólo por ser la opción que mayoritariamente se ha preferido en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno (Alemania, Francia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega...), sino, fundamentalmente, por entender que tendría mejor encaje en nuestro Ordenamiento y sería más adecuada para la consecución de los objetivos perseguidos por el proyecto”. El PP entonces proponía que se regule la unión estable tanto de las parejas homosexuales como heterosexuales a través de una normativa que no alterase la institución matrimonial aprovechando cualquiera de las cuatro Proposiciones de Ley sobre la regulación de las parejas de hecho que en aquél momento se encontraban pendientes de tramitación en el Congreso para no “introducir la quiebra de la institución jurídica del matrimonio que el proyecto plantea”. En idéntico sentido opositor se manifestaron los diputados democristianos de UDC Josep Josep Antoni Duran Lleida, Josep Sánchez Llibre, Josep Maria Guinart y Pere Grau quienes pidieron la devolución al Gobierno del proyecto de ley manifestando que entendían que “el niño tiene derecho a una familia estable que le permita crecer social, cultural y espiritualmente. El niño tiene derecho a un padre y a una madre que le cuiden y le eduquen”.

Anticipándose a una segura amonestación papal y considerando que Benedicto XVI visitaría España en el año 2006 para un encuentro en Valencia sobre asuntos de familia, el presidente Rodríguez Zapatero aseguraba que "si el nuevo Papa dijera algo, estoy preparado para respetar lo que diga, va a contar con todo mi respeto" pero añadiendo que "una de las garantías de la democracia es la libertad religiosa, de opinión y de llevar adelante un proyecto político con el voto de los ciudadanos".

Es así que en medio de una seria confrontación política con la Iglesia Católica y con el Partido Popular, el 22 de abril de 2005 el Congreso finalmente aprobaría la adición de una frase al artículo 44 del Código Civil con el siguiente tenor: “"El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo" con el respaldo mayoritario del Parlamento, por 183 votos (PSOE, ERC, IU-ICV, CC y el Grupo Mixto) a favor y 136 en contra (todo el PP excepto la ex ministra de Sanidad Celia Villalobos, cuatro de Unió Democràtica de Catalunya, y algunos del PNV). Para dejar constancia política de su personal compromiso con el asunto, luego de consagrado este avance de los derechos de las minorías sexuales se tuvo como corolario una sorpresiva intervención del presidente José Luis Rodríguez Zapatero para quien la nueva ley convertiría a su país en "más decente ya que no humilla a sus vecinos".

Por supuesto la principal oposición fue la de la Iglesia Católica. El presidente del Pontificio Consejo para la Familia del Vaticano, el cardenal Alfonso López Trujillo expresó en unas polémicas declaraciones publicadas por el diario milanés "Corriere della sera" que la ley española que permite el matrimonio entre homosexuales era "deshumanizante" y fruto de "una extraña idea de la modernidad", que había una pérdida del "sentido de valores esenciales" recordando que durante siglos el matrimonio había sido únicamente entre hombre y mujer: "¿es que nos hemos equivocado todos tanto tiempo?". "Lo que se ha hecho en España, y además con una mayoría bastante reducida, es la destrucción de la familia ladrillo tras ladrillo. ¿Han preguntado a las familias españolas lo que quieren?. ¿Han hecho una investigación profunda?. La familia es un dono recíproco total entre hombre y mujer que exige fidelidad, exclusividad y apertura a los hijos" se pronunciaba el cardenal. Entonces, utilizando similar estrategia a la esgrimida para amenazar la implementación de la laicización de la escuela pública, la Santa Sede se apresuró a plantear que los funcionarios públicos católicos deberían invocar la “objeción de conciencia” para negarse a celebrar matrimonios gay y así evitar aquella norma “inicua impuesta al pueblo”[6] y la Conferencia Episcopal emitió una Nota de fecha 05 de mayo de 2005 adhiriéndose a ese llamado.

La reacción del gobierno español tampoco se hizo esperar como se hizo manifiesto a través de la intervención de la Vicepresidenta María Fernández de la Vega quien expresó que el Ejecutivo creía que la Iglesia debe manifestarse "con absoluta libertad" en "su territorio, que no es el del Gobierno" afirmando que los funcionarios están obligados a cumplir las leyes, al margen de la objeción de conciencia. Fernández de la Vega quiso así dejar claro que "la objeción de conciencia no es que los funcionarios del Estado no cumplan las leyes que el Parlamento aprueba en una sociedad democrática", ya que, recordaba, las leyes obligan con carácter a todo el mundo "pero fundamentalmente a quien tiene ejercicio de función pública". Insistió además en que la posición del Ejecutivo en relación con la Iglesia católica es "de absoluto respeto": "el Gobierno respeta a la Iglesia y respeta a los ciudadanos con los que tiene compromisos electorales (...), que consisten en ampliar derechos que no interfieren ni perjudican al resto de los ciudadanos". También apuntaba que con la nueva ley todos los españoles podían fundar familias "con arreglo al derecho canónico, si quieren, o al derecho civil, si quieren" y que "a nadie se le obliga a nada".

Nos parece que la aprobación del matrimonio homosexual en España es un indicador normativo muy importante para valorar adecuadamente la laicidad del Estado en dicho país. Si hay una materia que es objeto de una alta especialización en el derecho canónico de la Iglesia Católica es la matrimonial, como prueba de la enorme importancia simbólica que le reconoce dicha iglesia y como prueba del grado de subordinación de las normas estatales a sus normas religiosas en los Estados con los que tiene relaciones. Si tenemos en cuenta dicho dato, más el de la dudosa popularidad que en la sociedad española pueda tener el reconocer el derecho de las parejas gay para adoptar menores de edad, el cuadro resultante es el de un régimen muy seguro de sí mismo que se siente capaz políticamente de dar este trascendental paso y por ende muy poco proclive a buscar su legitimidad política en las jerarquías religiosas.

Más allá de la coyuntura política, también se constata que el ordenamiento jurídico español ha dado un importante paso adelante en la secularización jurídica de la institución matrimonial no sólo por asumir un nuevo concepto de “matrimonio” como la unión civil, legítima y voluntaria entre dos personas independientemente de su sexo, sino también por simplificar el procedimiento para el divorcio que fue motejado como la “ley del divorcio express” por sus detractores. De esta manera, el Estado reclama para sí la única soberanía para definir y legislar acerca del matrimonio dejando a salvo el derecho de cada agrupación religiosa de hacerlo en sus propios términos religiosos para sus fieles, pero sin proyectarse de manera obligatoria sobre la sociedad en general.

En comparación con la cuestión del régimen jurídico de las iglesias, comunidades y confesiones religiosas, el tema del matrimonio homosexual tiene mayores repercusiones públicas pues toda la sociedad en su conjunto se siente interesada en el debate dejando de ser sólo del interés principal de las minorías, en este caso, de las minorías sexuales.

Las batallas culturales en torno a la educación laica (que veremos a continuación) como al matrimonio homosexual también nos dejan otra constatación. El cómo la Iglesia Católica plantea utilizar una libertad histórica contra la que secularmente se enfrentó: la libertad de conciencia para lograr indirectamente a través del laicado lo que no pudo alcanzar de manera frontal a través de la influencia política de la jerarquía. Nos referimos a la manipulación de la objeción de conciencia como instrumento de imposición de las particulares concepciones religiosas de una Iglesia a través de sus fieles en el campo de la sociedad civil. Así, las más altas autoridades vaticanas invocarán que a los profesionales católicos que sean médicos, funcionarios públicos, políticos y legisladores les asiste el derecho de no cumplir la ley civil del Estado cuando ésta discrepe del dogma y la moral católicos. El resultado paradójico es que se deforma una garantía del Estado democrático que busca impedir el totalitarismo estatal sobre las conciencias individuales para respaldar mas bien un totalitarismo eclesiástico sobre las conciencias de quienes no creen como los objetores católicos.

Dicho procedimiento no es nuevo, y consiste en la resignificación de valores y libertades propios del Estado secular en una clave particularista y confesional; tal como sucedió con el concepto de “libertad religiosa” en el Concilio Vaticano II y tal como se encuentra aconteciendo actualmente con el concepto de “laicidad” en las enseñanzas papales según lo hemos constatado en el capítulo I al referirnos a las concepciones ideológicas vaticanas al respecto.

Por tanto, como lo patentiza la última batalla cultural española que describiremos más adelante, el debate público se plantea en toda su complejidad como un debate filosófico e ideológico de profundidad para definir el contenido mismo de los valores democráticos y públicos.

1.2. La cuestión de la financiación de la Iglesia Católica

Al analizar acuerdos y concordatos en el capítulo anterior, hemos constatado cómo un país como España reconocido como Estado “aconfesional” no obstante mantiene financieramente a una iglesia no sólo mediante beneficios como exoneraciones e inafectaciones tributarias en los que el Estado deja de recaudar fondos (financiación indirecta) sino también aporta recursos económicos desembolsados de manera directa a cargo de los presupuestos generales del Estado (financiación directa) en virtud del Acuerdo sobre Asuntos Económicos firmado con la Santa Sede en 1979. En él se declara que “el Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones jurídicas contraídas en el pasado. Por otra parte, dado el espíritu que informa las relaciones entre Iglesia y Estado, en España resulta necesario dar nuevo sentido tanto a los títulos de la aportación económica como al sistema según el cual dicha aportación se lleve a cabo”. Las diferencias del acuerdo de 1979 con el derogado Concordato de 1953 son escasas en el fondo más que en la forma. El Estado se compromete a continuar financiando a la Iglesia católica "por el procedimiento técnicamente más adecuado" liberándola de los principales impuestos ("exención total y permanentemente" de la contribución territorial urbana; de los impuestos reales o de producto sobre rentas y patrimonios; de los impuestos de sucesión, donaciones y transmisiones patrimoniales; de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia, etcétera).

La intencionalidad política al firmar dicho Acuerdo era que la Iglesia católica dejara de depender económicamente del Estado en la medida que sus fieles tomaran conciencia de la nueva situación de “aconfesionalidad” del Estado y se comprometieran en su sostenimiento económico. Así, la Hacienda española recaudaba una parte de la asignación tributaria a través del IRPF de los declarantes católicos, y el resto lo entregaba como dotación extraordinaria graciosa. El plazo pactado para lograr la completa transición de un sistema de dotación directa a un sistema de detracción de un porcentaje de los impuestos pagados por los ciudadanos católicos era de “tres ejercicios completos desde la firma” del Acuerdo[7], es decir, tres años contados desde 1979. Luego de conseguido el objetivo, ambas instituciones acordarían nuevos sistemas de cooperación financiera. En virtud de este esquema la Iglesia Católica recibió en 2004 138,7 millones de euros, de los cuales 105,9 llegaron vía IRPF y otros 32,8 en virtud del 'complemento presupuestario'.

Pero la aspiración máxima del autosostenimiento parecía no cumplirse: el número de declaraciones de la Renta en las que se optó de forma exclusiva por la Iglesia Católica en el ejercicio fiscal 2004 (sobre los ingresos obtenidos en 2003) descendió en seis décimas porcentuales respecto a 2002, situándose en el 21,9 por ciento, según la Memoria Tributaria de 2004. Mientras tanto, la Iglesia continuó siendo dotada de una importante suma global actualizable anualmente proveniente del Presupuesto de la Nación[8].

La situación cambió en cierta manera en el mes de septiembre de 2006 cuando el Gobierno socialista y la Conferencia Episcopal Española se pusieron de acuerdo de manera “satisfactoria” para ambas partes.

Las tratativas entre el gobierno socialista y la Conferencia Episcopal Española (CEE) se desarrollaron de manera sumamente discreta, mucho más discreta que en los casos de las controversias en torno a la cuestión del curso de religión católica en la educación pública por ejemplo[9]. Ni al gobierno de Rodríguez Zapatero ni a la Santa Sede les interesaba continuar agudizando el clima de aguda confrontación que habían mantenido desde que el PSOE asumió el poder en las recientes elecciones presidenciales y éste se había empeñado en legalizar el matrimonio homosexual, aprobar un procedimiento más rápido para el divorcio, modificar o intentar derogar los Acuerdos con la Santa Sede y eliminar el carácter evaluable y obligatorio del curso de religión católica en los centros educativos públicos mediante la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE). De manera que estando el clima ya sumamente crispado y tratándose de materias económicas muy delicadas que además comprometían la estabilidad jurídica de un tratado internacional firmado por el Estado español y su credibilidad internacional, ambas partes acordaron sentarse de la manera más secreta posible a la mesa de negociaciones.

Si bien es cierto se conocía la intención general del Gobierno de revisar los Acuerdos con la Santa Sede en materia económica pues el 14 de noviembre de 2005 la vicepresidenta Fernández de la Vega había expresado que "hemos llegado a un punto donde las aportaciones del Estado a la Iglesia católica, que han ido a más cada año, tendrán que ir a menos" y el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, el 22 de julio de 2004 llegaba más lejos sentenciando: “que el Estado financie a esta confesión religiosa se tendrá que acabar algún día”; de todos modos el anuncio público efectuado por la Vicepresidente Fernández de la Vega del día 22 de Septiembre manifestando que se había logrado un acuerdo que venía “a introducir mayor transparencia al sistema y además vincula los ingresos de la Iglesia de manera directa y expresa a la voluntad de los contribuyentes” sentando “las bases para avanzar en la autofinanciación de la Iglesia Católica en España”, constituyó toda una sorpresa para la opinión pública como lo ejemplifica el hecho de que a primera hora de la tarde de dicho día la secretaria de Política Social del opositor Partido Popular (afín al conservadurismo católico), Ana Pastor, mostraba su "sorpresa" por el anuncio de la vicepresidenta ya que "no le constaba" el acuerdo, ni conocía el texto, expresando que "no sabemos muy bien a qué se está refiriendo, no aparece en la reseña del Consejo de Ministros ni estaba previsto ayer"[10]. De hecho la Conferencia Episcopal, tras el anuncio, emitía un primer comunicado en el que "ni confirmaba ni desmentía" dicho pacto al no disponer del texto del Anteproyecto de Ley.

Y es que los últimos puntos del acuerdo se habían gestado a un alto nivel político entre la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el vicepresidente de la CEE, el cardenal y arzobispo primado de Toledo Antonio Cañizares[11]. Sin embargo, ya a últimas horas de dicho día la CEE confirmaba la renuncia de la Iglesia a la exención del IVA (exigida a España por la Unión Europea) y al "llamado complemento presupuestario", estableciéndose el nuevo porcentaje de la asignación tributaria. El resultado económico final –más allá de los discursos triunfalistas del gobierno y del PSOE- fue elevar a definitivo el viejo sistema de asignación tributaria, no sin antes incrementar por encima del 34% el porcentaje de dicha asignación (hasta diciembre de 2006, la Iglesia disponía de un 0,52% de aquellos contribuyentes que marcaban la casilla correspondiente en su declaración; desde enero de 2007 la Iglesia Católica española recibirá el 0,7%). En este sistema llamado impropiamente “impuesto religioso” el ciudadano católico no añade ninguna suma adicional de su bolsillo en el IRPF. Es Hacienda quien lo resta de los ingresos públicos totales, a petición del declarante creyente[12]. De allí se entiende que la Iglesia católica haya manifestado su moderada complacencia en el pacto alcanzado (expresión de una “laicidad inteligente” según el episcopado) y que el gobierno de Rodríguez Zapatero también haya manifestado su anuencia debido a que se evitaba un nuevo capítulo de confrontaciones con la Santa Sede y de todos modos se dejaba sentado el intento de revisar el financiamiento de la Iglesia.

Finalmente, mediante el intercambio de notas entre la Nunciatura Apostólica en España y el Ministerio de Asuntos Exteriores del 22 de diciembre de 2006 el Vaticano daba punto final al proceso señalando que se trataba de un cambio muy importante a la cooperación económica entre el Estado español y la Santa Sede y que estimaba “suficiente dicho compromiso para dar por concluido el proceso de sustitución de la dotación estatal, considerando que el porcentaje de asignación tributaria fijado en el 0,7% del IRPF tiene carácter estable"[13].

Pero el cambio no impresionó a muchos partidarios del Estado laico debido al hecho de que en este sistema la Iglesia católica sigue percibiendo recursos de los fondos del presupuesto público y el ciudadano católico termina aportando el 99,3% de su cuota fiscal y no el 100% como el resto de los españoles.

Juan González Bedoya en un reportaje publicado por "El País" – importante diario proclive al Estado laico y simpatizante del gobierno socialista- escribía que  “la decisión del Gobierno socialista, hace una semana, de incrementar por encima del 34% la asignación tributaria de Hacienda al episcopado a partir de 2007, además de manera indefinida, desprecia el compromiso de autofinanciación”[14]. Y el partido Izquierda Unida consideraba a través de su diputada laicista Isaura Navarro que el Gobierno había hecho una demostración de su "hipocresía vaticana" con este pacto al que tildaba de "insuficiente, contradictorio y alejado de los que son las verdaderas demandas a las que debe hacer frente un Estado aconfesional". Las denuncias de que el PSOE intentaba engañar a la sociedad española se multiplicaron por doquier:

Lo primero y más elemental que cabe pedirle a un Gobierno que se pretende espejo de honradez es que no trate de engañar a la ciudadanía. Cuando la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, asegura que el acuerdo al que ha llegado con la Conferencia Episcopal Española «vincula los ingresos de la Iglesia de manera directa y expresa a la voluntad de los contribuyentes», miente, y ella lo sabe”[15]

“El Gobierno ha presentado la cuestión como un avance, indicando que ahora no habrá financiación directa: Falso, esto es financiación directa, pura y dura, ya que se detrae de la caja general”[16].

            La reacción en el campo religioso fue de doble signo: los que aplaudían el acuerdo pero reclamaban que se aplicara para todas las religiones en virtud del principio de igualdad y los que desaprobaban el mismo.

            En el primer grupo el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), Riay Tatary Bakry afirmó que el acuerdo suponía “un paso para tratar a todas las religiones por igual" y "avanza en las relaciones con el Estado”. En el mismo sentido el presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) Félix Herrero señaló que el Gobierno había dado "un paso muy importante" al hacer que la financiación de la Iglesia Católica “la hagan las personas que quieren aportar, y no todos los españoles”, y lamentaba que un acuerdo de este tipo se aplique solo a la Iglesia Católica, “y no a las demás confesiones”.

            Por el contrario, en el segundo grupo, una importante y muy representativa organización protestante como la Alianza Evangélica Española (AEE) publicó un Comunicado[17] discrepando abiertamente del acuerdo alcanzado con la CEE en términos inequívocamente laicistas. A través de su portavoz, Pedro Tarquis, manifestaron que “el ideal era que no existiera dinero público destinado a las confesiones religiosas por el hecho de serlo” y que las “confesiones religiosas deberíamos renunciar a recibir dinero público del Estado” siendo el ideal que “cada confesión y las entidades que las representan se autofinancien”. Además consideraba que el nuevo modelo de financiación “es un parche” que supone “perpetuar un mal sistema” que provocaría un “efecto llamada” para el resto de las confesiones. Dijo además que la AEE consideraba que “los fondos públicos asignados desde el Estado directamente a la Iglesia católica deberían desaparecer en todas sus formas”, aunque valoraban “que se haya actuado con una discriminación positiva hacia las instituciones representativas de las confesiones minoritarias, destinándoles fondos que les ayuden a una puesta al día en las carencias históricas que arrastran”. Sin embargo, estas asignaciones “deberían tener un límite en su cuantía y una fecha de caducidad concreta, al igual que con la Iglesia católica. Lo contrario supondría trasladar a las confesiones minoritarias que disponen de acuerdos con el Estado el mismo problema existente con la Iglesia católica, es decir, la falta de separación Iglesia-Estado”[18].

De esta manera podemos observar que en relación al tema del financiamiento directo de las confesiones religiosas, en la España actual regida por un gobierno socialista de tendencias laicizantes, los límites de la política real han determinado que sea la materia económica la de mayor dificultad a la hora de avanzar en la laicidad del Estado, a diferencia de otras materias altamente controvertidas que sin embargo sí se concretaron finalmente a pesar de la más rotunda oposición vaticana. Tan es así que los intentos laicizadores del gobierno de Rodríguez Zapatero se vieron obligados a aceptar un reforzamiento del sistema de financiamiento directo de la Iglesia Católica sin lograr derogarlo dejando únicamente en boga el del financiamiento indirecto (lo cual era su propósito inicial), y a precio de introducir una seria discriminación entre los contribuyentes españoles quienes a partir de la reforma ya no aportarán lo mismo en función de su credo religioso. Ello, sin contar con la persistencia del trato discriminatorio que supone financiar en mayor cuantía[19] a sólo una confesión y no a las demás. Pero la próxima cuestión que enfrentaría al gobierno y a la Iglesia no se resolvería a satisfacción de ésta: la educación laica vs. la educación religiosa.

1.3. La cuestión de la educación religiosa en centros educativos públicos

            La reforma educativa que el gobierno socialista del PSOE ha efectuado en diciembre del año 2006 encuentra sus próximos antecedentes en la discusión del ante proyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza del conservador Partido Popular a la sazón en el gobierno y en los conflictos judiciales entre la Iglesia Católica y profesores de religión católica despedidos por tener una condición conyugal discrepante con las enseñanzas morales de la jerarquía eclesiástica, eventos que se suscitaron durante el gobierno de dicho partido conservador.

            En el año 2002, el proyecto de Ley de Calidad establecía en su disposición adicional cuarta la inclusión de un área o  asignatura denominada “Sociedad, Cultura y Religión” con dos opciones, una confesional y otra no confesional, de oferta obligatoria por los centros, evaluables y computables para el cálculo de la nota media pero sin los demás efectos de las evaluaciones académicas ordinarias. La opción confesional sería fijada por la Iglesia y la no confesional por el gobierno, teniendo ésta última contenidos vinculados a los valores cívicos y constitucionales y del hecho religioso. La oposición ya había fijado su posición al respecto alegando la inconstitucionalidad de tales pretensiones, y el Presidente de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Madrid Antonio María Rouco se encontraba gratamente satisfecho con el gobierno del presidente José María Aznar por “el avance muy significativo” que implicaba la reforma de la enseñanza de la religión en la Ley de Calidad la cual respondía “a lo que nosotros [el episcopado] venimos demandando desde hace más de una década”[20].

            La confluencia del conservadurismo del PP y los intereses de la Iglesia eran evidentes. En tan auspiciosas circunstancias de las relaciones Gobierno-Iglesia Católica es cuando estallan una serie de escándalos que cuestionan gravemente ante la sociedad española la justicia del Acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos de Enseñanza y Culturales. Dicho Acuerdo dispone que los profesores de la asignatura de Religión católica sean nombrados por el Obispo respectivo previa “Declaración Eclesiástica de Idoneidad” (DEI) y removidos a su exclusivo criterio, aunque fueran pagados por el Estado[21]. Esta situación de inestabilidad laboral era cuestionada por la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER) quienes argüían que su status laboral era violatorio de varios preceptos constitucionales así como de sus derechos laborales[22]. Pero la cuestión saltaría a primeras planas cuando se produjeron los despidos ilegales de dos profesoras de religión (os Obispos las consideraban como estando en “situación irregular” y no tener la “coherencia de vida” indispensable para enseñar doctrina y moral católica), una de Canarias y otra de Almería por estar casadas con hombres divorciados, con las consiguientes sentencias judiciales que declaraban la nulidad de los despidos y el cese de las violaciones a sus derechos.

            A pesar de los fallos judiciales favorables a su reposición y al pago de indemnizaciones a cargo del Estado, los Obispos se negaron a cumplir las órdenes judiciales, y la polémica se extendió a otras provincias españolas dando lugar al destape de diversos conflictos judiciales e inclusive al descubrimiento de que la Iglesia toleraba la enseñanza de religión por parte de varios sacerdotes casados y había tolerado a otro en la misma condición durante años quien inclusive ya se había jubilado[23]. Esta grave situación se agudizó cuando se sucedieron una serie numerosa de fallos de tribunales españoles reponiendo a los profesores de religión que habían sido despedidos ilegalmente y cuando la Iglesia católica española se negó sistemáticamente a obedecer los fallos. Ello sirvió para que la opinión pública fuera concentrando su atención en torno al contenido de los poco conocidos Acuerdos celebrados entre la Santa Sede y el Estado español y pronunciándose gradualmente en contra de los mismos, situación política hábilmente aprovechada por la oposición socialista para cuestionar al régimen conservador de José María Aznar.

            En este enrarecido clima en el que se cuestionaba que la Iglesia Católica pretendiera estar por encima de las leyes por el excepcional régimen jurídico laboral de sus profesores de religión que violaba diversos derechos laborales así como por el desacato a los fallos judiciales, es que finalmente se aprueba la reforma educativa de la Ley de Calidad de la Enseñanza del PP con su política de ofrecer un curso confesional y otro no confesional.

            Ya con el nuevo régimen del PSOE, éste anuncia que no desaparecerá el curso de religión católica en los centros educativos públicos pero que implementaría el mismo derecho a favor del culto islámico español[24], propuesta socialista que sorprendió a propios y extraños y que el episcopado cuestionó inmediatamente alegando que el islam no era compatible ni parte de la tradición cultural española por lo que no debería dársele un lugar en la escuela pública. Ello fue un golpe mediático que dejó a la Iglesia Católica descolocada moralmente ante la opinión pública en su defensa de la enseñanza del catolicismo. La posición política de la Conferencia Episcopal era clara: la libertad religiosa de la Iglesia interpretada como obligación del Estado de promover la religión católica desde la escuela pública, sin embargo no le pertenecía a otros cultos religiosos.

Es entonces cuando el gobierno planteó la discusión de un anteproyecto de ley para derogar la Ley de Calidad instaurada por el Partido Popular y modificar la Ley Orgánica de Educación (LOE) en la que se introducía una nueva materia denominada “Educación para la Ciudadanía”. Así se producen los primeros roces entre el nuevo gobierno y la Conferencia Episcopal en torno al tema educativo que propician la creación de una Comisión Mixta Iglesia-Estado en junio de 2005 con la finalidad de negociar los términos de la reforma educativa en materia religiosa siendo la primera vez que –al lado de representantes del Ministerio de Educación- la delegación eclesial española representaba a la Santa Sede ya que se discutirían aspectos relacionados a los Acuerdos internacionales con la Iglesia Católica. De antemano los obispos fijaron su posición recordando que el texto constitucional “obliga al Estado a garantizar el derecho de los padres a la formación religiosa y moral según las convicciones” la cual no debía ser infravalorada sino figurar en términos de igualdad con el resto de las asignaturas siendo equiparada como disciplina fundamental, como era estipulado en el Acuerdo internacional España-Santa Sede. Planteaba que se cumpla la Ley de Calidad aprobada con los votos del Partido Popular y paralizada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero: que se obligue a estudiar en todos los centros educativos religión católica o una asignatura alternativa llamada "Hecho Religioso" y que cuente en el expediente académico como una asignatura más a todos los efectos. Es decir, en una escuela pública de un Estado laico la religión tendría el mismo valor en el currículo que, por ejemplo, las asignaturas de lengua, matemáticas o historia. Y ello en atención a la doctrina de la valoración positiva que el Estado debería tener –no respecto de la libertad religiosa solamente- sino frente el hecho religioso.

Es entonces que –no obstante el diálogo oficial iniciado en la Comisión Mixta-, el Consejo de Ministros decidía aprobar el anteproyecto de LOE en la cual se proponía que la asignatura de religión no fuera obligatoria ni computara en la media del curso con el resto de asignaturas, garantizándose que seguiría siendo ofrecida en los centros públicos. La vicepresidenta Fernández de la Vega aseguraría que la nueva ley “garantiza la libertad para los padres que quieren que sus hijos estudien religión y garantiza la libertad para los que no quieren que sus hijos estudien religión”. A poco de terminarse la sesión del Consejo de Ministros y del informe público de la Vicepresidenta, el Secretario General de la CEE leía un comunicado por el que subrayaba que dicho proyecto “ponía en peligro la enseñanza de la religión en la escuela” y recortaba “el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos de acuerdo a sus creencias religiosas”, aclarando que el texto era “de responsabilidad exclusiva del Gobierno, ya que no ha habido diálogo ni negociación alguna respecto al mismo”.

Sectores laicistas del Gobierno intentarían una nueva acción política para presionar al episcopado en febrero de 2005, mediante un informe aprobado por el Consejo Escolar de Estado –máximo órgano consultivo de la educación no universitaria- y dirigido al Ministerio de Educación y Ciencia (representado en la Comisión Mixta) en el que se planteaba que se dejara totalmente fuera del currículum la asignatura de Religión, que no sea evaluable, que no tuviera asignatura alternativa y saliera completamente del horario escolar. Inclusive, solicitaba al Gobierno que se derogaran los artículos I, II y III del Acuerdo con la Santa Sede por ser contrarios a los derechos de los ciudadanos y a la Constitución Política española. Como vemos, una propuesta radical laicista que objetivamente causó una profunda preocupación en la Iglesia. A ella se le planteaba elegir entre dos opciones: la radical laicista que buscaba desaparecer completamente la enseñanza religiosa o la moderada que aprobaba introducirla pero privándole de su estatus actual y como alternativa entre otras.

En el contexto de las duras negociaciones políticas que duraron varios meses, la Iglesia convocó una multitudinaria manifestación en las calles contra la LOE que inusitadamente contaría en primera línea con la presencia personal de algunos Obispos radicalizados contra el Gobierno socialista, actitud que fuera objeto de crítica tácita por otros obispos. Se trataba de un hecho sin precedentes próximos, pues la jerarquía de la Iglesia no sólo se había limitado a emitir pronunciamientos públicos y a presionar sobre el gobierno desde los medios de comunicación apelando a la opinión pública, sino que ahora algunos de sus representantes se involucraban directamente en la convocatoria y presencia en la movilización convocada.

Vista esta importante radicalización de la Iglesia, en noviembre de 2006 el Gobierno socialista anunciaba una “tercera vía” respecto a las enseñanzas mínimas de secundaria obligatoria: según su opción, el alumno podría estudiar religión y otros una materia sobre historia de las religiones; ambos cursos contaría por igual para repetir curso aunque ninguna haría cuenta media para la solicitud de becas u otros efectos. Y aquél estudiante que no deseara cursar ninguna de esas dos asignaturas recibiría “atención educativa” adecuada por parte del centro educativo (ir a la biblioteca, ser atendido por un profesor o irse a casa). Al respecto, los obispos opinaron que no se pronunciarían sobre un borrador de Real Decreto pero la Conferencia Nacional Católica de Padres –una de las principales organizadoras de la gran manifestación contra la LOE del Gobierno- sostuvo que era una propuesta muy positiva.

Encontrada esta fórmula, las reuniones de la Comisión Mixta que en el momento se encontraban revisando los borradores de los Reales Decretos sobre la asignatura religiosa llegarían prácticamente a su fin el 05 de diciembre de 2006 y de una manera abrupta, sin que las partes hayan llegado a acuerdos definitivos sobre la materia. El Ministerio de Educación y Ciencia emitió un comunicado en el que informaba de coincidencias encontradas mientras que la Conferencia Episcopal afirmaba que la Ley Orgánica de Educación (LOE) “no recoge adecuadamente lo dispuesto en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español” y que en lo referente a la negociación de los Reales Decretos “permanecen hasta el momento dificultades fundamentales que no han podido ser superadas”. Asimismo señalaban que se habían realizado esfuerzos para que el desarrollo de la LOE “se ajustara lo más posible a los derechos y obligaciones” de padres, profesores y autoridades religiosas; y que los obispos se reservarían su valoración final para cuando el Gobierno apruebe definitivamente los textos legales.

El anuncio del Ministerio de Educación que luego se plasmaría en los correspondientes Reales Decretos consistía en que la asignatura de religión católica sería voluntaria y no computable para becas o acceso a la universidad garantizándose el derecho de los padres a elegir la educación deseada para sus hijos, y para aquellos que no desearan ninguna clase de formación religiosa los centros educativos establecerían las formas más adecuadas de proporcionarles la debida atención educativa mientras sus compañeros estudian religión; formulación que había recibido el visto bueno del Consejo de Estado. En la Educación Secundaria Obligatoria, quienes eligieran religión podrían optar, además de por religión católica u otras que tengan convenios con el Estado Español, por estudiar una asignatura de Historia y Cultura de las religiones. Para los que optaran por no recibir clases de religión se mantendría también la debida atención educativa. Finalmente, se reducía el total de horas de religión de 210 a 175 en la Educación Secundaria Obligatoria.

La segunda posición planteada busca solucionar la problemática legal de los profesores de religión que eran nombrados por la Iglesia pero pagados por el Estado, a fin de evitar repetir los conflictos judiciales que terminaban obligando pagar al Estado cuantiosas indemnizaciones por causa de despidos ilegales decididos por los obispos. Los profesores de religión católica deberán cumplir los requisitos académicos exigibles a los demás profesores (poseer el título de magisterio en Primaria o Licenciatura en Secundaria) y contar con la declaración de idoneidad o certificación equivalente de la confesión religiosa. Cumplidos estos requisitos, serían contratados de manera indefinida por la administración educativa y se accederá al destino de conformidad con los criterios objetivos que se estimen adecuados por la Administración educativa competente. Para ello se valorará la experiencia docente como profesor de religión, las titulaciones académicas, de modo preferente las más afines, por su contenido, a la enseñanza de religión y los cursos de formación y perfeccionamiento realizados que estén relacionados con la didáctica, la organización escolar o análogos, de modo preferente, los más afines por su contenido a la enseñanza de religión. Si la confesión religiosa considerara necesario retirar la declaración de idoneidad al profesor, la autoridad eclesiástica deberá comunicar a la administración educativa la decisión y motivarla por escrito conforme a derecho, no siendo justificables motivos que conculquen derechos fundamentales básicos de las personas.

            Conocido el Real Decreto ya aprobado según los términos legales, entonces el 14 de diciembre de 2006 la CEE publicó su Nota de Prensa oficial señalando que

“el Comité Ejecutivo ha tomado nota, con seria preocupación, de que en la educación primaria, la oferta de la llamada “atención educativa” a los alumnos que no cursen la religión católica no garantiza que quienes sí la cursen lo hagan en condiciones de no discriminación. De este modo queda sin tutela adecuada el ejercicio del derecho de los padres que piden libremente cada año, en proporciones altísimas, que sus hijos cursen la religión católica. el tratamiento que se da a la nueva asignatura llamada “Educación para la ciudadanía y derechos humanos” en el mencionado Real Decreto. Los obispos no se oponen a una educación para la convivencia que no suponga una formación moral de las conciencias de los alumnos impuesta a todos por los poderes públicos como asignatura obligatoria. Sin embargo, ante lo dispuesto en este Real Decreto se confirma que esta articulación concreta de la “Educación para la ciudadanía” comporta “el riesgo de una inaceptable intromisión del Estado en la educación moral de los alumnos, cuya responsabilidad primera corresponde a la familia y a la escuela”.

Las voces opositoras acusaron al Gobierno de pretender imponer una ideología y valores laicistas allí donde el Estado no debería promover ninguna concepción particular, en función de una interpretación de la laicidad entendida como “neutralidad”. Se concibe así el ámbito educativo público como un espacio en el que –para definir los contenidos de la educación cívica y ética de los alumnos- actuarían legítimamente solamente las confesiones religiosas y los padres de familia, cabiéndole al Estado una mera función de arbitrador pasivo en la más pura lógica neoliberal del Estado mínimo y se valora la situación como una confrontación entre laicismo gubernamental y religiones monoteístas. Pero la paradoja de la posición del episcopado reside en que apela a la autoridad de los padres de familia –es decir a la sociedad civil- para sustraer de la competencia del Estado la cuestión de los valores a impartirse en la escuela pública mientras que al mismo tiempo arguye la incompetencia de la misma sociedad civil para definir los contenidos de las políticas públicas en torno a salud pública y moral sexual. Los padres de familia tendrían la única competencia para elegir el tipo de enseñanza a ser impartida en la escuela pero no tendrían la misma competencia para decidir cuántos hijos tener o qué métodos de anticoncepción usar.

            Las disputas entre el Gobierno y la Iglesia sobre la educación fueron el asunto fundamental que determinó el siguiente episodio de batalla cultural, una guerra de los Manifiestos en torno a la definición de la laicidad del Estado español.

1.4.      Debates doctrinales en torno a laicidad y laicismo.

Las batallas culturales descritas en las páginas precedentes no podían más que finalmente sugerir al episcopado la necesidad de una contraofensiva política auspiciada y supervisada directamente desde la Santa Sede. El cariz que tomaban los acontecimientos daban cuenta de un acelerado proceso laicizador del gobierno socialista que ameritaba una fuerte condena simbólica en los más claros términos.

Estas circunstancias históricas explican claramente la razón de la publicación de la trascendental Instrucción Pastoral titulada “Orientaciones morales ante la situación actual de España” del 23 de noviembre de 2006. Como apuntaba el diario El País, “una instrucción pastoral no es el catecismo, pero sí doctrina oficial de la Conferencia Episcopal, que ha hecho apenas una decena de estos documentos desde su creación” lo cual venía a subrayar “la excepcionalidad que los obispos aplican a la "situación actual”[25].

La Instrucción Pastoral, que fue aprobada por una mayoría cualificada –63 votos a favor, 6 en contra, tres abstenciones y un voto nulo– consta de introducción, conclusión y tres capítulos titulados: "Una situación nueva: fuerte oleada del laicismo", "Responsabilidad de la Iglesia y de los cristianos" y "Discernimiento y orientaciones morales".

En el primer capítulo se describe la situación actual -“amenazada por el laicismo”- y se analizan sus causas. En el segundo, se realiza una llamada a superar la desesperanza, el enfrentamiento de instituciones e ideas contrarias al cristianismo. Y en el tercero, se propone un reforzamiento de la identidad católica para llevar a cabo cualquier acción en la sociedad y se anima explícitamente a los católicos a vivir la caridad social para el fortalecimiento moral de la vida pública. En este último  apartado se analizan cuestiones como la relación entre la Iglesia y sociedad civil, la democracia y la moral, el servicio al bien común, el respeto y la protección de la libertad religiosa, el terrorismo, los nacionalismos y sus exigencias morales, y el ejercicio de la caridad.

A lo largo de 80 puntos, los prelados "orientan moralmente" a los católicos y a "todos los que quieran" escucharles, sobre temas como el terrorismo, los nacionalismos, el laicismo, el matrimonio homosexual, la violencia de género o la inmigración. Ante la previsible reacción de los sectores laicistas de la sociedad española, la Conferencia Episcopal Española quiso dejar claro que la Iglesia como comunidad "no tiene competencias ni atribuciones políticas" y que su fin es "esencialmente religioso y moral".

En el amplio espacio dedicado a analizar el problema del laicismo en el primer capítulo aparece bajo el epígrafe “La difusión de la mentalidad laicista”, en el que se habla de un “desarrollo alarmante del laicismo en nuestra sociedad”:

“No se trata del reconocimiento de la justa autonomía del orden temporal, en sus instituciones y procesos, algo que es enteramente compatible con la fe cristiana y hasta directamente favorecido y exigido por ella. Se trata, más bien, de la voluntad de prescindir de Dios en la visión y la valoración del mundo, en la imagen que el hombre tiene de sí mismo, del origen y término de su existencia, de las normas y los objetivos de sus actividades personales y sociales”.

Los obispos advierten entonces sobre el amplio “cambio cultural”, en el que “la referencia a Dios es considerada una deficiencia en la madurez intelectual y en el pleno ejercicio de la libertad” y consideran que “la negación de Dios y el vivir como si Dios no existiera” es el problema “radical” de nuestra cultura. Los obispos españoles describen a continuación el fenómeno del laicismo basándose en algunas afirmaciones del Papa Benedicto XVI en su discurso al IV Congreso Nacional de la Iglesia en Italia donde el Pontífice católico utilizó la expresión de “nueva oleada” para referirse a la actual presencia de la ilustración y el laicismo, que “arrastra a muchos a pensar que sólo sería racionalmente válido lo experimentable y mensurable”.

Critican el avance del laicismo que confunde "la condición de aconfesionalidad del Estado con la desvinculación moral y la exención de obligaciones morales objetivas para los dirigentes políticos". Al respecto recuerdan  que "si los parlamentarios y, en concreto, los dirigentes de un grupo político, que está en el poder, pueden legislar según su criterio sin someterse a ningún principio moral, la sociedad entera queda a merced de las opiniones y deseos de una o de pocas personas que se arrogan unos poderes cuasi absolutos", lo que para los obispos, supone "la antesala del totalitarismo".

En esta línea, consideran además "injustificada y asfixiante" la tendencia de las instituciones políticas "a ampliar el ámbito de sus competencias a todos los órdenes de la vida, con el riesgo de invadir ámbitos familiares o personales que corresponden a las decisiones de las familias y de las ciudadanos". Por otra parte, no  ven "contrario a la laicidad del Estado que éste apoye con dinero público el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y subvencione a las instituciones religiosas correspondientes".

En España, se afirma, el laicismo adquiere matices particulares:

“En nuestro caso, este proyecto implica la quiebra de todo un patrimonio espiritual y cultural, enraizado en la memoria y la adoración de Jesucristo y, por tanto, el abandono de valiosas instituciones y tradiciones nacidas y nutridas de esa cultura”.

Entre las causas que pueden explicar la marginación de Dios de la vida del hombre, produciendo el “deterioro moral” no sólo de su vida personal, sino también de la familiar y social, los obispos señalan “el rápido enriquecimiento, la multiplicidad de ofertas para el ocio, el exceso de ocupaciones o la obnubilación de la conciencia ante el rápido desarrollo de los recursos de la ciencia y de la técnica”. Pero los prelados no niegan que “la escasa formación religiosa de muchas personas” es tal vez lo que “más profundamente” ha contribuido a la “expansión de este proceso”.

Por otra parte, los obispos hacen una alusión a la esperanza que muchos habían depositado en el advenimiento de la democracia, como un medio que permitiría superar “viejos enfrentamientos”, uno de los cuales era el que protagonizaban “catolicismo y laicismo, entendidos como formas de vida excluyentes e incompatibles”; sin embargo, advierten que ahora ven

“con pesadumbre que en los últimos años vuelve a manifestarse entre nosotros una desconfianza y un rechazo de la Iglesia y de la religión católica que se presenta como algo más radical y profundo que la vuelta al viejo anticlericalismo”.

Los obispos llaman la atención sobre la configuración de una sociedad que el laicismo va forjando “en sus elementos sociales y públicos”, enfrentándose “con los valores más fundamentales de nuestra cultura”, y dejando “sin raíces a instituciones tan fundamentales como el matrimonio y la familia”, diluyendo “los fundamentos de la vida moral, de la justicia y de la solidaridad” y situando “a los cristianos en un mundo culturalmente extraño y hostil”.

Sobre las dificultades de los católicos en el ambiente laicista, dicen los obispos: “En no pocos ambientes resulta difícil manifestarse como cristiano: parece que lo único correcto y a la altura de los tiempos es hacerlo como agnóstico y partidario de un laicismo radical y excluyente”. Asimismo, observan que en “algunos sectores pretenden excluir a los católicos de la vida pública y acelerar la implantación del laicismo y del relativismo moral como única mentalidad compatible con la democracia”. Para ilustrar esta afirmación citan “las dificultades crecientes para incorporar el estudio libre de la religión católica en los currículos de la escuela pública”, o “las leyes y declaraciones contrarias a la ley natural, que deterioran el bien moral de la sociedad, formada en buena parte por católicos”. Pone como ejemplos “la insólita definición legal del matrimonio con exclusión de toda referencia a la diferencia entre el varón y la mujer” lo que "es una grave desobediencia a los designios divinos, una contradicción con la naturaleza del ser humano y, por consiguiente, un gravísimo daño para el bien de la personas y de la sociedad entera"; el apoyo a la llamada “ideología de género”; la ley del “divorcio express”; la creciente tolerancia con el aborto; la producción de seres humanos como material de investigación; y el anunciado programa de la nueva asignatura, con carácter obligatorio, denominada “Educación para la ciudadanía” ”.

Los obispos expresan su deseo de “ir encontrando poco a poco el ordenamiento justo para que todos podamos vivir de acuerdo con nuestras convicciones, sin que nadie pretenda imponer a nadie sus puntos de vista por procedimientos desleales e injustos”.

“En este contexto, los católicos pedimos únicamente respeto a nuestra identidad, y libertad para anunciar, por los medios ordinarios, el mensaje de Cristo como Salvador universal, en un clima de tolerancia y convivencia, sin privilegios ni discriminaciones de ninguna clase”.

Como se aprecia, fue una ofensiva en toda la línea y ad portas de la celebración del 25 aniversario de la histórica Constitución española de 1978, que marcaba el paso de la dictadura franquista a la democracia.

Del análisis de la Instrucción se desprende claramente que la Iglesia católica concibe que el Estado y por ende sus políticas públicas aún deben estar completamente subordinadas al dogma y moral católicos los cuales se declaran como siendo “naturales” y no necesariamente católicos. Los postulados esenciales del Estado laico son asumidos aquí como perniciosas deformaciones de la separación entre el César y Dios enseñada en la Biblia e interpretada por el Magisterio como una diferenciación orgánica de administraciones entre Iglesia y Estado pero no como secularidad de los valores, las normas y las políticas públicas de los Estados. De allí que se aluda a la amenaza de un “totalitarismo” laicista habida cuenta de la pretendida ausencia de un referente moral último y absoluto –que debería ser el católico- a la hora de legislar y gobernar. De esta manera pues, la Iglesia Católica descalifica los valores laicos expresados en la Constitución insinuando su insuficiencia para servir de fundamento a la sociedad democrática.

Es de notar que el episcopado efectúa sus admoniciones desde un espacio aparentemente privado ya que reivindica que se trata de advertencias morales y no de intervenciones políticas que serían ajenas a la naturaleza de la Iglesia, pero al mismo tiempo no renuncia a proyectar su particular enseñanza moral sobre la moral pública, identificando ambas, y termina actuando como una religión pública y no privada que aspira -no sólo a que la sociedad sea católica- sino a que el mismo Estado refleje esa condición. Según sus concepciones negar la legitimidad de esta aspiración sería negar las raíces culturales y nacionales del pueblo español que por razones históricas son cristianas y católicas, verbigracia, se trataría de una imposición antidemocrática desde el Poder.

Desconociéndose en la realidad española los casos en los que el Estado haya prohibido la misión religiosa o impedido el ejercicio de los derechos de la Iglesia católica, sólo podría entenderse la exigencia episcopal de “respeto de su identidad y libertad” como una auto-victimización con la finalidad política de evitar que sus posturas e intervenciones políticas no sean criticadas por la opinión pública sino sencillamente acatadas. En resumen, respetar las libertades de la Iglesia consistiría en aceptar inequívocamente su dogma y moral confesionales como la moral pública predominante.

Las filas laicistas acusaron el golpe. El diario El País publicó un -inusualmente agrio- Editorial como respuesta a la Instrucción Pastoral:

“las rotundas tomas de partido de la instrucción pastoral colocan a los obispos españoles ante flagrantes contradicciones con su comportamiento ciudadano. Poca credibilidad puede tener una organización que reclame por un lado el respeto a las decisiones judiciales en materia de política antiterrorista, pero desafíe por otro a los tribunales cuando se pronuncian desfavorablemente sobre los casos que le afectan, como las denuncias por pederastia contra algunos sacerdotes o las sentencias sobre despidos improcedentes de profesores de religión. Resulta llamativo que los obispos denuncien el supuesto proyecto de imponer el laicismo como religión de Estado, describiéndolo como "antesala del totalitarismo", cuando, por su parte, exigen que la materia escolar de religión sirva de catequesis católica imperativa, como si la enseñanza hubiese de ser el instrumento para algo, esto sí tan totalitario y en realidad de otra época, como sería unificar a los españoles por la creencia”[26].

            Pero la respuesta de mayor alcance y envergadura que revelaría muy elocuentemente el cariz de algunas tendencias ideológicas ancladas en el gobierno socialista se expresaría a través de la publicación el 04 de diciembre de 2006 de un documento del PSOE elaborado con respaldo oficial partidario por Álvaro Cuesta, responsable de Política Municipal y Libertades Públicas del PSOE y titulado Constitución, Laicidad y Educación para la Ciudadanía. Manifiesto del PSOE con motivo del XXVIII aniversario de la Constitución”.

Resaltando la actual relevancia histórica del principio de laicidad para revalidar los tiempos de vuelta a la democracia, el Manifiesto expresa que “en un momento como el actual, en el que el fenómeno migratorio está convirtiendo a la sociedad española en una sociedad multicultural, es preciso recordar y reafirmar el valor de un principio constitucional, el de Laicidad” el cual se configura como un marco idóneo y una garantía de la libertad de conciencia. La consideración de la laicidad como principio constitucional le valdría un primer cuestionamiento jurídico de la oposición.

En su segunda afirmación más cuestionada continúa diciendo que “los fundamentalismos monoteístas o religiosos siembran fronteras entre los ciudadanos”. Por tanto

“la laicidad es el espacio de Integración. Sin laicidad no habrían nuevos derechos de ciudadanía, serían delitos civiles algunas libertades como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo,… y dejarían de ser delitos el maltrato a la mujer, la ablación o la discriminación por razón de sexo. Sin laicidad sería difícil evitar la proliferación de conductas nada acordes con la formación de conciencias libres y críticas y con el cultivo de las virtudes cívicas”.

Reafirmando la legitimación democrática y laica del poder político, el Manifiesto afirma que “la Laicidad (…) así como la soberanía, no obedecen a ningún orden preestablecido de rango superior, pues la única voluntad y soberanía es la de la ciudadanía”.

Respecto al contenido valorativo de la laicidad, se señala que “en una sociedad cada vez más plural en la que se hallan en circulación pluralidad de códigos éticos (…) uno de los desafíos más importantes que se plantean a los poderes públicos tras veintiocho años de vigencia constitucional, es contribuir a la formación de “conciencias libres, activas y comprometidas” con un “mínimo común ético constitucional”, esto es, con el patrimonio común de valores constitucionalmente consagrado”. A continuación esta afirmación será la base de afirmar la pertinencia jurídica de las reformas gubernamentales recientes en torno a la asignatura “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”:

“Y es en dicho marco donde el legislador democrático ha asumido la parte de responsabilidad que le corresponde incluyendo (…) la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, una materia que trata de dar cumplimiento al mandato constitucional de promocionar los valores que integran el (…) “ideario educativo constitucional” recogido en el artículo 27.2 de la Norma Suprema. La Constitución española del 78 no diseña una enseñanza valorativamente neutral sino que hace pivotar el sistema educativo sobre el deber de trasmitir y promocionar el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales como el modo más adecuado para consolidar y perpetuar la vigencia del propio régimen constitucional y la convivencia de todos.”

            El Manifiesto fue tomado de manera similar a como fue tomada la Instrucción Pastoral de los Obispos: como una acción beligerante. Tomando prudente distancia del término “laicidad” aunque sin desautorizar el Manifiesto, la Vicepresidenta evitó pronunciarse oficialmente sobre el tema de fondo y cuando le preguntaron si el Gobierno apoyaba dicho texto, Fernández de la Vega afirmó ambiguamente que "nuestro texto constitucional nos configura como un país aconfesional. Los hechos ponen de manifiesto que el Gobierno mantiene unas cordiales relaciones con la Iglesia católica, que nos han permitido llegar a acuerdos" y que mientras que la Iglesia "atiende a sus fieles", el Gobierno "atiende a los ciudadanos, todos los ciudadanos, con independencia de sus creencias". Adicionalmente los medios observaron que durante la presentación de ese texto sobre laicidad, uno de sus autores (Alvaro Cuesta) afirmó que se trataba de un "manifiesto oficial" de su partido pero a pesar de que también señaló que era fruto del acuerdo de la Ejecutiva federal, no asistió miembro alguno destacable del Ejecutivo. Por ese motivo insistió en que "no es un acto fraccional, es un acto oficial del PSOE"[27].

            Los detractores del Partido Popular y sus medios criticaron el Manifiesto como un documento provocador, acusando al PSOE de pretender desnaturalizar la celebración del aniversario de la consensual Constitución de 1978 sembrando la división entre los españoles, que es “fiel reflejo de una concepción rancia y anquilosada de la izquierda política” la cual da a entender “que el enemigo a batir es una concepción religiosa que rechaza el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo”, que manipula la laicidad para “denigrar como fundamentalismo religioso, a los movimientos cívicos y científicos que sitúan el inicio de la vida humana en el momento de la concepción o de aquellos que defienden que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer”, que “el multiculturalismo es incompatible con el Estado laico que allí se predica porque supone la aceptación de comportamientos basados en dogmas que pueden ser incompatibles con los derechos y libertades fundamentales”[28] que la Constitución española en ningún lugar aprueba la laicidad del Estado sino su aconfesionalidad. Finalmente se denuncia el ”reaccionario y liberticida laicismo de Zapatero” que pretende “basar la legitimidad de la Transición en la República de 1931” para “cambiar el modelo de Estado y el modelo de sociedad”[29].

En otro tono, también el diario El País se pronunciaba comentando que el gobierno socialista “haría mejor en denunciar por inconstitucionales los Acuerdos de 1979 entre la Iglesia y el Estado que en publicar manifiestos que, por más que reflejen el anhelo de muchos ciudadanos españoles, colocan el debate con la Conferencia Episcopal en un terreno de nadie”[30].

El documento socialista demuestra oficialmente la existencia de una tendencia doctrinal dentro de laicismo español que es funcional al discurso católico y por tanto le favorece. Cuando los autores del Manifiesto asumen que todo fundamentalismo religioso es enemigo de la integración social, omiten manifestar al mismo tiempo la función social integradora que los sociólogos le reconocen al fenómeno religioso. Se produce entonces –quizás de manera inconsciente- una lectura únicamente negativa de la religión en tanto fenómeno social que lo reduce a los fundamentalismos y con tal práctica se incurre en el concepto vaticano de “laicismo” como aquella concepción enemiga de la verdadera laicidad que toma partido ideológico en contra de la religión y que no es verdaderamente neutral. Pues si asumimos que per se toda concepción religiosa (aunque únicamente se aluda a su forma fundamentalista mientras se pontifica sobre la laicidad como la única herramienta para favorecer la integración social) entonces disminuye peligrosamente la proclividad a respetar positivamente las libertades religiosas de los ciudadanos. Es decir, se pasa de una consideración positiva del factor religioso (tesis confesional) a una consideración negativa del mismo (tesis laicista) y se deja de lado que dicha consideración positiva es hacia la libertad religiosa y de conciencia, no hacia la religión por sí misma hacia la que el Estado debería ser imparcial o neutral (tesis de la laicidad). En sus implicancias, también se transitaría de una interpretación jerárquica religiosa de la moral pública que pretende ser la única verdadera y válida para todos hacia una interpretación jerárquica estatal con las mismas pretensiones.

Asimismo, el Manifiesto pone en evidencia la necesidad que los poderes públicos  y la sociedad española tienen de profundizar en el debate acerca del modelo de Estado que constitucionalmente habían proyectado en 1978 o desean proyectar hacia el futuro, pues ello es lo que arroja la discusión ideológica en torno a la “aconfesionalidad” o la “laicidad” de la Constitución. Los defensores de la aconfesionalidad señalan que la opción política del constituyente de 1978 no era reivindicar la Constitución laica y laicista de 1931 sino la de un término medio entre el confesionalismo de la Constitución franquista y la laicista de 1931, por lo que de la formulación “El Estado Español no tiene religión alguna” de 1931 se optó por la actual que dice “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, la cual es confusa, ambigua y poco útil para expresar cuál es el verdadero principio de la política religiosa española que subyace en la Constitución[31].

Esta discusión no es de ninguna manera sólo semántica o de juristas de laboratorio. Un sector entiende que el precepto constitucional sólo alude a una prohibición de que exista una Iglesia de Estado mientras que otro entiende que la Constitución va más allá de ese limitado concepto y alude a la secularidad del Estado mismo en su régimen jurídico y político. Sin duda, lo que la situación española está demostrando es que se encuentra en un importante momento de viraje histórico de un régimen de semi confesionalidad o –como lo plantean los defensores católicos- de “aconfesionalidad con cooperación” con las Iglesias, hacia un modelo plenamente laico de Estado, proceso que tiene sus naturales complejidades y contradicciones.

Los discursos clericales se tornan cada vez más enconados en el país peninsular. El arzobispo de Sevilla cardenal Carlos Amigo, rompiendo con su conocida habitual mesura, ha alertado contra el "fundamentalismo laicista" e indicado que "el Estado laico no debe ser perseguidor de la religión". Más lejos han ido el arzobispo de Pamplona y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española Fernando Sebastián, para quien la futura legislación sobre el divorcio resulta más permisiva que "un contrato de alquiler", y el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española Juan Antonio Martínez Camino, quien ha definido la legalización de los matrimonios homosexuales como "virus" y "falsa moneda". El obispo de Jerez Juan del Río ha denunciado "la política laicista del partido en el poder" y ha hablado de "fobia religiosa" del gobierno de la Nación; actitud, dice, que le sirve de excusa "para tratar de desterrar los valores de la cultura católica de los corazones y de las mentes de las nuevas generaciones". Y sigue afirmando: "estamos al inicio de una suplantación cultural del humanismo cristiano, que ha vertebrado Europa, por un humanismo cívico y materialista que, bajo un ropaje democrático, oculta su totalitarismo de origen". Las intervenciones beligerantes no sólo se han limitado al clero español sino que desde el Vaticano se hacen importantes intervenciones contra el gobierno español. Por ejemplo, el cardenal Julián Herranz, Presidente del importantísimo Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, acusó al PSOE de "laicismo agresivo " y de "fundamentalismo laicista".

Todo esto sin duda es muestra de una importante coyuntura en la profundización del Estado laico español, que se encuentra pasando de un modelo pluriconfesional en el que las agrupaciones religiosas “de notorio arraigo” (católica, islámica, protestante y judía) ostentan un sitial jurídico privilegiado de mayores libertades frente a otras tendencias religiosas y no religiosas, con una iglesia hegemónica que cada vez más va perdiendo espacios públicos y su antigua injerencia sobre el Estado, a un modelo laico en el que la moral pública se va definiendo desde posiciones seculares, las políticas públicas se secularizan cada vez más e instituciones fundamentales de la sociedad (como el matrimonio) pierden su referencia eclesiástica y religiosa.

Las batallas culturales analizadas dan evidencia de que más allá de un régimen jurídico y político que privilegia a una sóla confesión religiosa –en este caso la católica- y más allá de la específica política religiosa general que un Estado tenga, pueden darse avances significativos en la laicización del Estado más allá de estos campos. Es decir, que éste puede permitirse hacer convivir un modelo de pluriconfesionalidad en política religiosa mientras avanza hacia un modelo laico en el resto de políticas públicas (educativa, salud, familiar, etc.), todo ello sin necesariamente involucrarse en una promoción activa de la secularización de la sociedad, con una población que puede continuar siendo muy religiosa pero al mismo tiempo muy crítica y distante sobre la intervención de sus líderes religiosos en política pública.

Pero casos como el de España demuestran que puede coexistir una fuerte cultura religiosa pero con una importante adhesión social hacia los valores y principios de la laicidad, ajena tanto al laicismo antirreligioso de las élites políticas como del confesionalismo de las élites eclesiásticas. Por ello, pensamos que las plataformas políticas laicizadoras que incluyan dentro de su agenda no sólo profundizar la laicidad del Estado sino “combatir” la religiosidad de la sociedad incurrirán en un serio y  grave error que fortalecerá la remanente confesionalidad todavía existente.




[1] El presente documento, bajo un título original abreviado, es un capítulo inédito de la tesis presentada y defendida por el autor para optar el grado de Magíster en Ciencias de la Religión ante la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2010), titulada “Laicidad o pluriconfesionalidad?: Políticas públicas de gestión del pluralismo religioso. Análisis comparado”.
[2] Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Magíster en Ciencias Sociales de la Religión por dicha Universidad, Master en Derechos Humanos (Universidad de Estrasburgo).
[3] El término “kulturkampf” lo recojemos de la experiencia histórica alemana de confrontación entre el gobierno bismarckiano y la Iglesia Católica Romana. En dicha “lucha cultural” se disputó la separación entre Iglesia y Estado en niveles extremadamente beligerantes y tuvo como protagonistas del conflicto al Papa Pio IX y al famoso Canciller de Hierro. La misma sirvió para establecer la separación entre la Iglesia y el Estado,  liberar a la sociedad civil de la tutela eclesiástica y debilitar al partido político de centro [católico], el cual era considerado un enemigo interior dispuesto a aliarse con las potencias católicas Francia y Austria, principales enemigos del Império Alemán.
[4] Artículo segundo inciso 3: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal.”.
[5] En Europa, la ley española sólo tiene equivalente en Holanda, donde su legislación contempla tanto el matrimonio entre homosexuales como la adopción de hijos por parte de estas parejas. En Bélgica, los homosexuales pueden casarse, pero no adoptar hijos. En algunas provincias de Canadá también pueden casarse y adoptar. El estado de Massachusetts, en Estados Unidos, también cuenta con una ley como la española.
[6] El cardenal López Trujillo se basaría –entre otras- en la Encíclica Diuturnum Illud que dice “una sola causa tienen los hombres para no obedecer: cuando se les exige algo que repugna abiertamente al derecho natural o al derecho divino. Todas las cosas en las que la ley natural o la voluntad de Dios resultan violadas no pueden ser mandadas ni ejecutadas”. Remataría su alocución con una advertencia a los legisladores católicos españoles: “Conceder el sufragio del propio voto a un texto legislativo tan nocivo para el bien común de la sociedad es un acto gravemente inmoral” y que “si todos los fieles deben oponerse al reconocimiento legal de la unión homosexual, los políticos católicos están particularmente obligados, en la línea de la responsabilidad que les es propia” (Consideraciones acerca del proyecto de reconocimiento legal de la unión de personas del mismo sexo, No.10, Congregación para la Doctrina de la Fe, marzo de 2003).
[7] Vid. Artículo II del Acuerdo referido en el Apéndice de esta tesis.
[8] A través de la administración central, autonómica y municipal, el Estado aporta cada año en torno a 5.057 millones a la Iglesia católica en sus varias manifestaciones, según las cifras aportadas por distintos organismos estatales. Es un dinero que proviene de varios ministerios -Educación, Cultura, Defensa, Sanidad, Trabajo, Asuntos Sociales- y de las entidades autonómicas y locales equivalentes. La cifra de 5.057 millones incluye el ahorro que supone el paraíso fiscal en que se desarrolla la casi totalidad de sus actividades, calculado por expertos de Hacienda en unos 750 millones de euros. Es en el campo de la enseñanza y en la asistencia social y de caridad donde las organizaciones católicas reciben más dinero. Por ejemplo, en sueldos para unos 33.440 profesores de catolicismo, de los que unos 15.000 imparten doctrina en colegios públicos (517 millones de euros), o para pagar el sistema de conciertos educativos (3.200 millones, según datos oficiales). Con motivo de una multitudinaria manifestación de noviembre de 2005 contra la ley Orgánica de Educación (LOE) apoyada por los obispos con el argumento de que esa norma atentaba contra la enseñanza religiosa, el Gobierno cifró en 3.000 millones esas subvenciones [Diario EL PAÍS del 12 de noviembre de 2005]. En los conciertos educativos se incluyen las subvenciones por módulo y las nóminas de los docentes, además de una partida para administración de los centros. La actividad educativa de la Iglesia se resume en 2.376 centros concertados (el 80% del total de privados subvencionados), 1.368.237 alumnos y 80.959 profesores. Respecto a la actividad social y caritativa del catolicismo, además de la diaconía Cáritas Española, sus 67 delegaciones diocesanas y otras 10 Cáritas autonómicas, destacan ONG como Manos Unidas, o entidades como las Hermanitas de los Ancianos Desamparados o las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Importante fuente de financiación son también los centros hospitalarios concertados (107); centros sociales como ambulatorios y dispensarios (128); casas de ancianos o discapacitados (876); orfanatos (937); guarderías (321); centros especiales de reeducación (365) y "otros centros de caridad y sociales" (717). Los obispos dicen que el Estado gastaría mucho más si tuviera que atender por su cuenta a estas obligaciones educativas o asistencias, pero omiten mencionar que los llamados “conciertos educativos” les dan la posibilidad de difundir su credo religioso. El Estado paga también la nómina de los capellanes hospitalarios (510 a tiempo completo y 297 a tiempo parcial), de los penitenciarios (130), más los sueldos de los capellanes castrenses, a cuyo frente está un arzobispo con grado de general de división. Capítulo aparte son las ayudas directas a la Iglesia para el sostenimiento de su ingente patrimonio artístico e inmobiliario: 280 museos, 103 catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios. Las administraciones públicas gastaron en el año 2004 la cantidad de 200 millones de euros para obras de conservación o reforma. Varias organizaciones son propietarias, además, de siete universidades (Deusto, de los jesuitas; Navarra, del Opus Dei; CEU, de la Asociación de Propagandistas; pontificias de Comillas y Salamanca; diocesanas de Murcia y Ávila), y de 15 Facultades eclesiásticas, 41 centros teológicos, 11 colegios universitarios, 55 escuelas universitarias y 72 institutos superiores. Vid. Reportaje "Las cuentas del catolicismo español". Juan Gonzalez Bedoya. Diario "El País, 30 de septiembre de 2006. ”En: www.elpais.es/articulo/sociedad/cuentas/ catolicismo/ espanol/elpporsoc/200060930elpep.
[9] Al parecer, dichas tratativas habrían sido sugeridas desde el ascenso del PSOE al poder, pues en la coyuntura del cambio de gobierno el episcopado se encontraba a la expectativa de la decisión del nuevo gobierno (conocido por su tendencia laicista) respecto a si bloquearía la prórroga aprobada por el saliente gobierno del Partido Popular de la financiación directa a la iglesia católica. Pero mediante la visita del nuevo presidente Zapatero al papa Juan Pablo II y discretos encuentros entre representantes del nuevo gobierno y del episcopado ese temor fue despejado. ¿Se habría condicionado tal decisión a una negociación posterior del modelo en aquellos momentos?.
[10] Diario La Vanguardia, 22 de septiembre de 2006. En: www.psoe.es/ambito/municipal/ docs/index.do?action =View&id=91116
[11] Diario El Mundo, 23 de septiembre de 2006. En: www.elmundo.es/elmundo/2006/09/22/espana/ 1158927268.html
[12] Reportaje "Las cuentas del catolicismo español". Juan Gonzalez Bedoya. Diario "El País, 30 de septiembre de 2006. ”En: www.elpais.es/ articulo/sociedad/cuentas/catolicismo/espanol/elpporsoc/200060930elpep
[14] Reportaje "Las cuentas del catolicismo español". Juan Gonzalez Bedoya. Diario "El País, 30 de septiembre de 2006. ”En: www.elpais.es/ articulo/sociedad/cuentas/catolicismo/espanol/elpporsoc/200060930elpep
[15] “Miente el Gobierno y ZP lo sabe”. Diario El Mundo, 02 de octubre de 2006. En: http://blogs. periodistadigital.com/ religion.php/ 2006/10/02/title_1065
[16] “La sinrazón del acuerdo Iglesia católica-Estado español, sobre financiación”. Francisco Delgado Ruiz (Diputado constituyente y vicepresidente deEuropa Laica). En: www.ateos.org/colaboraciones/delgadoruiz.php
[17] Comunicado de la AEE. En: www.protestantedigital.com/new/pdf/AEE_Dinero_ICREstado.pdf
[18]La Alianza Evangélica Española contraria a la nueva financiación de la Iglesia católica por «perpetuar un mal modelo”. AEE/ACPress.net, 03 de octubre de 2006. En: www.protestantedigital.com/new/leernoticia Esp.php?3650
[19] Las tres religiones organizadas que tienen en España el carácter de “notorio arraigo” y acuerdos de cooperación con el Estado (islámica, protestante, judía) recibieron el año 2005 la cantidad de 3 millones de euros para apoyar proyectos de carácter cultural, formativo y de integración social de las mismas, fondos oriundos del Patronato de la Fundación Pluralismo y Convivencia.
[20] “Los obispos alaban la solución a la asignatura de Religión que prepara el Gobierno”. Diario El País, 13 de mayo de 2002. En: www.elpais.es/articulo.html?xref=20020513elpepusoc_2&anchor=elpepisoc&type
[21] Vid. Artículos III y VII del Acuerdo referido en el Apéndice.
[22] Sindicato que reúne a 2000 de los aproximadamente 17000 profesores de religión.
[23] “El Arzobispado de Granada avala a un cura casado como profesor de religión”. Diario El País, 06 de septiembre de 2001. En: www.elpais.es/articulo.html?d_ate=20010906&xref=20010906elpepisoc_1&ty]
[24] En palabras del Ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, “el deber de los poderes públicos es respetar la libertad de culto. La religión católica no tiene por qué ser de primera división frente a ninguna otra” por tanto “el Ejecutivo (…) apoyará con los Presupuestos la representatividad de las federaciones islámicas que cumplen una función social” y promoverá la enseñanza del Corán en las escuelas públicas. El Gobierno Zapatero fomentará la enseñanza y la difusión del culto islámico en España. Periodistadigital.com, 01 de julio de 2004.
[25] “Instrucción pastoral” Editorial del diario El País, del 27 de noviembre de 2006. En: www.elpais.com/ articulo/opinion/Instruccion/pastoral/elpporopi/20061127elpepiopi_2/Tes
[26] “Pastores sin privilegios”. Editorial del diario El País, 10 de Diciembre de 2006. En: www.elpais.com/ articulo/opinion/Pastores/privilegios/elpepuopi/20061210elpepiopi_1/Tes
[27] “Ningún miembro del ejecutivo ha querido pronunciarse”. Libertad Digital, 08 de Diciembre de 2006. En: www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276294339.html
[28] “Lectura sectaria de la Constitución”. Editorial del diario electrónico ABC.es, 05 de Diciembre de 2006. En: www.abc.es/20061205/opinion-editorial/lectura-sectaria-constitucion_200612050248.html.
[29] La Constitución de 1931 fue redactada por republicanos y socialistas y se caracteriza por ser un paréntesis en la historia constitucional española pues reivindicó la laicidad y la soberanía del pueblo. Con el célebre discurso "España ha dejado de ser católica" (del socialista Manuel Azaña) se cerraría dicha constituyente. La carta establecía: “El Estado español no tiene religión alguna” (Art. 3). “Todas las confesiones serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias  y municipios no mantendrán, ni favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción, en plazo de dos años, del presupuesto del clero. Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectos a fines benéficos y docentes. Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustadas a las siguientes bases: 1º- Disolución de las que por sus actividades constituyan un peligro para la seguridad del Estado. 2º- Inscripción de las que deban subsistir en un Registro especial dependiente del Ministerio de Justicia. 3º- Incapacidad de adquirir y conservar, por si o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos. 4º. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. 5º- Sumisión a las leyes tributarias del país. 6º- Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes con los fines de su Asociación. Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados” (Art. 26).
[30] “Pastores sin privilegios”. Editorial del diario EL País, 10 de Diciembre de 2006. En: www.elpais.com/ articulo/opinion/Pastores/privilegios/elpepuopi/20061210elpepiopi_1/Tes
[31] El principio de laicidad en las jurisprudencias española y francesa. Areces Piñol, María Teresa. Ediciones de la Universitat de Lleida, Lleida, 2003, p.89. La autora cita diversas acepciones al uso como “Estado confesional”, “Estado aconfesional”, “confesión sin carácter estatal”, “Estado no confesional”, “neutralidad del Estado” y “Estado laico”; y efectúa un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo para encontrar cómo entienden dichas instancias la cláusula constitucional en comentario.